Alas 6 de la mañana de este sábado, la Fiscalía General de Colombia capturó al diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para que responda por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El presidente de la República ya reaccionó a la detención, diciendo que no entorpecerá las investigaciones como jefe de Estado.
Con la captura, en las próximas horas Nicolás Petro, diputado del Atlántico, será trasladado a Bogotá y llevado ante un juez de control de garantías para que sea esta persona quien legalice su captura. A partir de ahí, el fiscal que lleve este caso, quizás uno de los más importantes a nivel judicial actualmente, le imputará los cargos por los delitos ya mencionados.
Estos cargos tienen que ver con que Petro se habría quedado con 600 millones de pesos que dieron personas de la Costa Caribe para la campaña presidencial de su papá, dinero que al parecer nunca entró a esas finanzas, sino que él se quedó.
De ello le contó a su expareja, Day Vásquez, quien fue la que reveló los chats en los que ambos hablaban de la plata que tendrían. A ella la Fiscalía también la capturó, y tendrá que responder en audiencia por los mismos hechos.
Ahora, ya se sabe que el fiscal del caso va a solicitar la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra el hijo del Presidente. De pedirse que vaya a la cárcel, el juez tendrá que evaluar si el diputado Nicolás Petro es una amenaza para la sociedad o podría afectar en libertad el proceso, para de ahí tomar una determinación.
Esa etapa de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento es llevada ante el juez de control de garantías. Con ello, jurídicamente se les da a conocer a los dos investigados y a sus abogados por qué delitos los tienen en la mira, para después los fiscales pasar a la etapa de investigación. Desde entonces el expediente será llevado ante un juez de conocimiento, el cual se espera que también sea de Bogotá, ciudad a la que serán trasladados.
Ante ese juez, que también por reparto elige la Rama Judicial, es el que se acusaría a Petro o ante el cual se llevaría para su revisión cualquier beneficio jurídico que entablen los abogados. Esto, cabe aclarar, es el proceso que normalmente se hace en la justicia ordinaria, y no significa que la Fiscalía ya haya anunciado alguna postura al respecto.
Por lo pronto, en comunicados públicos el diputado siempre ha sostenido que va a responder ante las autoridades que lo requieran.
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