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San José.— Mafias narcotraficantes mexicanas lanzaron una serie de amenazas de agosto a noviembre de 2019 a periodistas colombianos que debieron salir al exilio o están ocultos en su país tras denunciar que cárteles de México penetraron en Colombia —aliados a disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— a involucrarse en el aumento de la producción de hoja de coca para el tráfico internacional de cocaína.
De al menos cinco reporteros colombianos que recibieron mensajes de intimidación, dos migraron al exterior y tres permanecen en el país con riesgo a su seguridad, confirmó la (no estatal) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Bogotá.
“Las intimidaciones contra los reporteros han sido producto del cubrimiento de la problemática de cultivos ilícitos [de hoja de coca] en el Cauca y las denuncias que han hecho sobre la presencia de los cárteles mexicanos, aliados con las disidencias” de la exguerrilla de las FARC en ese departamento (estado) del suroccidente, precisó.
Los comunicadores registraron la presencia de los cárteles mexicanos en sitios entre los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca, afirmó, al identificar a los periodistas como Miguel Ángel Palta, Fransuá Martínez, Eduardo Manzano, Arlex Piedrahita y Alexánder Cárdenas.
“Existen unas lógicas mucho más crueles y más directas de violencia contra periodistas, por esa relación entre presencia de narcotraficantes y generar un ambiente de silencio”, dijo el periodista colombiano Jona- than Bock, director encargado de la FLIP, al asegurar que también hay narcotraficantes mexicanos en el sureño departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador.
“Hay una estrategia clara de amedrentar y asustar a periodistas para que no vayan a cubrir lo que ocurre en esas zonas. Eso es lo que se está replicando en esos lugares”, agregó en una entrevista con EL UNIVERSAL. En una cadena de hechos que atribuyó en algunos casos a la incursión de narcotraficantes mexicanos armados, la (estatal) Defensoría del Pueblo de Colombia sumó 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2019.
La Defensoría activó una “alerta temprana” en más de 400 municipios de ese país en los comicios del pasado 27 de octubre para elegir autoridades regionales, por el nexo de mafias mexicanas con frentes armados ilegales colombianos para comprar, con financiamiento electoral, silencio y complicidad con el tráfico de drogas a Centroamérica, México y Estados Unidos.
Al aducir sobre el peligro de la pureza electoral, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, confirmó que hombres con “acento mexicano” penetraron a los rincones más conflictivos para la votación y clamó para definir la consulta con ideas “y no por la presión de los delincuentes”.
Más connacionales
La cancillería y la Fiscalía General de Colombia advirtieron, en enero de 2017, por un súbito aumento desde 2014 del arribo a ese país de narcotraficantes mexicanos, en especial de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), para aumentar los cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y controlar producción, procesamiento, transporte, distribución y comercialización de la droga.
En documentos de los que este periódico tiene copia, ambas instituciones alertaron de mexicanos que cambiaron su dinámica de viaje a Colombia y acudieron a zonas de cultivos ilícitos que “no son turísticas”. El número de ingresos de mexicanos a suelo colombiano subió de 114 mil 804, en 2014; a 152 mil 123, en 2015; a 163 mil 686, en 2016; con 175 mil 997, en 2017; 186 mil 152, en 2018, y de enero a octubre de 2019 se registraron 166 mil 432, según Migración Colombia. El promedio diario pasó de 314, en 2014; a 510, en 2018, y a 547, en 10 meses de 2019.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia admitió a este diario que el Cártel de Sinaloa es el que más narcoactividad despliega en áreas del suroccidente colombiano fronterizas con el norte y el noroccidente de Ecuador. El (no estatal) Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció a finales de julio pasado que ese cártel amenazó de muerte a autoridades, líderes indígenas y comunidades campesinas del suroccidente por complicar el tráfico internacional de drogas al promover una erradicación forzosa y voluntaria de cultivos ilícitos.
Al intimidar a miembros de la guardia indígena, aparato de seguridad de 10 comunidades, el cártel advirtió que, de insistir con sus políticas, irá a “masacrarlos como animales”, reveló el CRIC.
El Cártel de Sinaloa se afianzó en zonas productoras de hoja de coca y de cocaína en Colombia y estrechó nexos con la guerrilla comunista colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con disidentes de las FARC, según el Consejo.
Informes oficiales de Colombia mostraron que los cárteles mexicanos fueron clientes compradores frecuentes de cocaína de las FARC, que en 2017 mutó a partido político y se alzó en armas desde 1964 hasta que en noviembre de 2016 firmó un pacto de paz con el gobierno colombiano al que rechazaron unirse bloques disidentes que continuaron en la narcoactividad.
La Cancillería mexicana reportó que, al 30 de junio de 2019, Colombia sumó 143 mexicanos presos por tráfico de drogas y crimen organizado, y sólo fue superado por Perú, con 235.