Miami.— La propuesta de ley que presentaron legisladores republicanos enfocada a detener o asesinar a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató de nuevo el debate por las implicaciones que tendría en la relación bilateral, al tratarse de operaciones que se realizarían en suelo mexicano.
Sin embargo, existe una opción distinta que implicaría, por parte del Departamento de Defensa estadounidense, la elaboración de un plan de cooperación con México, con pleno respeto a la soberanía nacional mexicana.
Desde 2023 los republicanos en el Congreso han presionado para la aprobación de iniciativas que le permitan a Estados Unidos enfrentar a los cárteles de la droga mexicanos y tratar de exterminarlos. Han presionado para que sean declarados terroristas. Especialmente el CJNG y el De Sinaloa, responsables del tráfico de fentanilo que tan sólo en 2022 mató a casi 100 mil personas en la Unión Americana.
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Los planes han desatado el enojo del gobierno mexicano, que señala que México es un país soberano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado de “intervencionistas y propagandistas” ideas como la de designar terroristas a los cárteles y usar a las Fuerzas Armadas estadounidenses para atacarlos.
Además, ha llamado a combatir las drogas desde otra perspectiva. “Si les preocupa lo del fentanilo, como también a nosotros nos preocupa, pues hay que atender las causas en México y en Estados Unidos. Porque puede haber droga, ¿pero por qué hay consumo, ¿qué está pasando?, ¿por qué la adicción?”, ha cuestionado el presidente López Obrador en sus conferencias.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha reclamado “hacer más” al gobierno de México “para detener el daño” que el fentanilo está causando. Y señala a dos cárteles en particular: De Sinaloa y el CJNG.
Dado que sin Estados Unidos no habría consumidores, y sin México proveedores, Jaime Ortiz, especialista en seguridad binacional y abogado internacionalista, alude a un enfoque distinto de colaboración, en el combate al narco. “Pensando en que ambos gobiernos [Estados Unidos y México] realmente quieren acabar con ese lastre de los cárteles de la droga, o al menos controlarlos, lo primero es señalar la necesidad del uso de tecnología satelital y militar para este tipo de operaciones específicas, para rastrear y neutralizar a individuos”, explica.
“Es a todas luces un tema delicado y complejo que implica consideraciones legales, éticas y de soberanía”, reconoce.
“Las operaciones de este tipo están sujetas a estrictas regulaciones internacionales y nacionales; su legitimidad, su moralidad siempre son ampliamente debatidas”, sub- raya el especialista.
Cooperación binacional reforzada
“La clave para combatir eficazmente el tráfico de fentanilo es el intercambio de inteligencia entre agencias de Estados Unidos y México”, señala como punto de partida.
La información satelital y de vigilancia “podría usarse para rastrear laboratorios clandestinos de fentanilo y rutas de tráfico, siempre dentro de un marco de respeto a las leyes y soberanía de México”.
Estados Unidos daría asistencia técnica y capacitación a las Fuerzas Armadas y de seguridad mexicanas involucradas, relacionadas con tecnologías avanzadas de vigilancia y tácticas de operaciones especiales, fortaleciendo su capacidad para combatir a los cárteles de manera efectiva.
Además, más allá de las operaciones tácticas, “es crucial atacar la cadena de suministro de fentanilo”, señala Ortiz: desde la adquisición de precursores químicos hasta la distribución. Esto requiere cooperación internacional para regular y monitorear el comercio de estas sustancias.
Desde una perspectiva más amplia y duradera, sería importante también ofrecer alternativas económicas en regiones controladas por cárteles y de esta manera poder reducir la dependencia de las comunidades locales hacia la economía del narcotráfico. Esto incluye inversiones en educación, empleo y desarrollo de infraestructuras que sean efectivas y permanentes, manifiesta el abogado.
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“Respeto a la soberanía”
“Es muy importante subrayar que cualquier operación en territorio mexicano debe realizarse en estrecha colaboración con el gobierno de México, respetando su soberanía y leyes internas”, indica el especialista en seguridad.
“Si Estados Unidos intentara llevar a cabo estas acciones por sí solo, podría tener consecuencias diplomáticas negativas y ser contraproducente”, comenta Ortiz.
Las operaciones contra los cárteles deben realizarse dentro de un marco legal binacional, incluidas las leyes de derechos humanos y los tratados bilaterales entre México y Estados Unidos.
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se torna de vital importancia comprender cómo sucedería, en términos generales pero de manera ideal, una eventual colaboración entre los gobiernos y las fuerzas armadas de México y Estados Unidos para llevar a cabo una serie de acciones para detener o neutralizar a la cúpula del CJNG.
Un plan en cuatro fases
De acuerdo con especialistas estadounidenses consultados por este diario, el siguiente plan, basado en cuatro fases, podría explicar una operación binacional exitosa contra el CJNG y posteriormente contra otros grupos criminales.
La fase uno sería la recopilación de inteligencia. El gobierno de Estados Unidos pondría a disposición del gobierno mexicano su constelación de satélites de alta resolución para monitorear actividades sospechosas y recopilar datos de inteligencia.
“Estos satélites pueden capturar imágenes detalladas de terrenos, movimientos de vehículos y, en algunos casos, individuos en áreas de interés”, explica a EL UNIVERSAL un coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense y asesor sobre seguridad nacional, quien pidió el anonimato.
“En la actualidad, incluso, a través de la inteligencia artificial podemos apoyarnos para analizar los datos recopilados, identificando patrones y comportamientos sospechosos”, añade.
La recopilación de inteligencia también se realiza mediante el uso de tecnología avanzada: “Se interceptan comunicaciones electrónicas, incluidos teléfonos celulares, radios y comunicaciones en internet, para recoger información sobre planes, ubicaciones y asociados del objetivo”, señala el coronel.
La fase dos sería de localización y seguimiento. Una vez identificadas las áreas de interés, se despliegan drones equipados con cámaras térmicas y de visión nocturna para realizar un seguimiento más detallado. De acuerdo con la información obtenida por este diario, estos dispositivos pueden permanecer en el aire durante largos periodos y transmitir información en tiempo real a las bases de operaciones.
De ahí, se establecen alianzas con agencias de inteligencia locales e internacionales para intercambiar información y recursos, en caso que los objetivos traten de huir o logren salir del territorio mexicano. La cooperación puede incluir el uso compartido de datos de inteligencia satelital, interceptaciones de comunicaciones y apoyo en el terreno.
La fase tres sería de planificación y ejecución de la operación. Con la información recopilada, se utilizan simulaciones avanzadas para planificar la operación, teniendo en cuenta múltiples escenarios y estrategias para minimizar bajas civiles y garantizar la seguridad del equipo de operaciones.
Para ello, “se despliegan equipos altamente entrenados y equipados con tecnología de punta para llevar a cabo la operación”, comenta el analista militar. Estos equipos pueden incluir drones pequeños de reconocimiento en tiempo real, equipos de comunicaciones seguras y armamento de precisión.
La operación se lleva a cabo con un enfoque en la precisión, “utilizando la mínima fuerza necesaria para detener o neutralizar a los objetivos mientras se protege a los civiles”, dice el especialista “y se confirma la identidad de los objetivos detenidos o neutralizados”.
La fase cuatro sería el análisis posoperación y responsabilidad. Una vez terminada la operación, “es muy importante realizar un análisis detallado para evaluar su efectividad, pero además identificar los detalles de la experiencia que se ha llevado a cabo y así poder ajustarlos para futuras estrategias con los mismos fines”, subraya el coronel.
Es muy importante que se establezcan mecanismos para asegurar la responsabilidad y la transparencia de toda la operación, incluyendo la revisión de la operación por entidades de apoyo no militares y, si es necesario, la rendición de cuentas por daños no intencionados. Cada paso de este tipo de operaciones está sujeto a un escrutinio riguroso para asegurar que se respeten los derechos humanos y las leyes.
Implicaciones y desafíos
Aunque teóricamente es posible aplicar un enfoque tecnológico y de inteligencia avanzada para combatir el tráfico de fentanilo y otros narcóticos, la realidad en el terreno presentaría desafíos significativos e implica una comunicación a niveles profundos. “La eficacia de este tipo de operaciones depende de la cooperación política de México, la capacidad de las fuerzas militares y de seguridad, la estabilidad jurídica y el apoyo de las comunidades locales”, explica el coronel.
No se debe olvidar que “abordar el problema del fentanilo y otras drogas requiere no sólo esfuerzos de represión; también son necesarias estrategias de salud pública para reducir la demanda en Estados Unidos y esto incluye programas de prevención y tratamiento de adicciones”, comenta Ortiz.
Otro problema es la desconfianza que se ha generado en México hacia instituciones como la DEA, cuya operación fue restringida por la actual administración, tras la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, quien finalmente fue liberado y entregado a México. El caso desató la peor crisis binacional de los últimos años.