En una decisión inédita, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró hoy la “muerte cruzada”, una medida que implica la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones generales anticipadas. ¿Qué pasa en el país que lo llevó a tomar esta medida?
El martes se inició en la Asamblea Nacional un juicio político contra Lasso, a quien la oposición acusa de no haber intervenido para impedir o denunciar una estructura de corrupción en el contrato de transporte de crudo hacia el exterior entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tankers, lo que habría causado un millonario perjuicio al Estado.
Los asambleístas aseguran que Lasso no se opuso al contrato ni al despido de un funcionario que había recomendado ponerle fin al acuerdo comercial.
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El gobierno ha señalado que no hay pruebas de los perjuicios económicos causados y la Contraloría tampoco ha hallado pruebas de la acusación. También alega que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría para renovar los contratos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo. No hay procesos penales con relación al tema.
El juicio político ha sido la evolución del desplome de la popularidad de Lasso, de 67 años y quien inició su gestión en mayo de 2021 y debía concluirla en 2025, no ha logrado un acuerdo con la izquierda preponderante en el Legislativo, lo que ha derivado en una inestabilidad política que recuerda la registrada entre 1997 y 2005, cuando tres presidentes fueron derrocados.
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“Lamentablemente a eso nos ha llevado un presidente indeciso, muy blando, yo le diría hasta pusilánime, como Lasso”, dijo a la AFP el constitucionalista y analista político Rafael Oyarte.
La otra cara de la crisis es la violencia ligada al narcotráfico y el descontento popular por la inseguridad, el desempleo y el costo de la vida, que se ha reflejado en una creciente emigración del país.
Apenas el pasado 3 de mayo Lasso ordenó realizar “operaciones militares” para combatir a "organizaciones terroristas", en el marco de su lucha contra el narcotráfico. Una semana antes declaró como terroristas a las bandas criminales vinculadas con el narco, lo que en la práctica da luz verde a los militares para patrullar las calles junto a la policía, sin necesidad de un estado de excepción.
De acuerdo con analistas, el principal bloque de izquierda, que impulsó el tema del juicio político, vio en éste la oportunidad de recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel por cohecho en un caso de sobornos.
Fue justamente Correa quien implantó la “muerte cruzada” que aplicó hoy Lasso. Sin embargo, el exmandatario calificó hoy de “ilegal” la medida.
El fin del juicio político era analizar si había causales para destituir a Lasso. Para lograrlo, el Parlamento requería 92 de los 137. En contra del mandatario jugaba que no sólo tiene en contra al movimiento afín a Correa, sino a los legisladores de Pachakutik, brazo político del poderoso sector indígena. De acuerdo con medios ecuatorianos, había por lo menos 96 asambleístas dispuestos a votar a favor de la destitución de Lasso.
Además, no es la primera vez que la oposición intenta destituir a Lasso. Lo intentó en junio pasado, en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero en esa ocasión faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años que comenzó en mayo de 2021 y termina en 2025.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
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El presidente alega que en los últimos dos años, “un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido”.
Para Lasso, el proyecto desestabilizador “subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo” y “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado”.
“Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción”, dijo sobre la acusación de la oposición.
Aseguró que “para dar una salida constitucional” a la situación, decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que le otorga la Facultad de disolver la Asamblea Nacional “por grave crisis política y conmoción interna”.
Las opiniones entre los ecuatorianos están divididas: mientras algunos consideran que la muerte cruzada era la única solución pacífica y permitirá definir en elecciones cómo quedará el gobierno, otros reclaman que no había razón para disolver el Parlamento y exigen que Lasso sea enjuiciado.
mcc