COLUMBUS, Ohio.- La capital de Ohio acordó el viernes pagarle 450 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels para resolver la demanda legal por su arresto en un club de bailes eróticos el año pasado, las repercusiones más recientes vinculadas a la ahora desaparecida unidad antivicios de la ciudad.
La querella federal que presentó Daniels por difamación en contra de varios funcionarios de Columbus señalaba que la policía conspiró para tomar represalias en su contra después de que ella aseveró que había tenido relaciones sexuales con Donald Trump antes de que llegara a la presidencia.
Daniels fue arrestada por sospecha de haber hecho contacto inapropiado con un policía encubierto después de una actuación en el centro nocturno Sirens en julio de 2018, pero la fiscalía de la ciudad desestimó los cargos en cuestión de horas.
El pacto se concretó el viernes después de negociaciones y las partes involucradas acordaron en que la cifra "es apropiada, considerando los hechos y las circunstancias involucradas", dijo una vocera del fiscal de la ciudad Zach Klein.
El abogado de Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.
El jefe interino de la policía de Columbus, Tom Quinlan, recomendó este mes el cese de dos oficiales de la exunidad antivicios por su participación en el operativo encubierto en el club en el que Daniels fue arrestada.
Quinlan recomendó además que se suspendiera a un teniente y un sargento, y una amonestación por escrito a un comandante. El director de seguridad de la ciudad tiene la última palabra.
El sindicato de policías ha señalado que las sanciones son excesivas.
Una investigación interna de la policía determinó que el arresto de Daniels fue inapropiado, pero no planeado ni tuvo motivos políticos.
Los agentes eligieron obtener evidencia de presunto contacto ilícito de bailarinas exóticas a los clientes “arriesgándose de manera innecesaria y exponiéndose a un contacto físico con la señorita Clifford”, concluyó el reporte de marzo.
La ciudad desmanteló la unidad antivicios ese mismo mes debido a la acumulación de acusaciones y asignaron las investigaciones de los delitos relacionados a la división de narcóticos, comprometiéndose a un enfoque más dirigido a la comunidad.
Los problemas que enfrentaba la unidad incluyeron acusaciones de que el exagente Andrew Mitchell mató a balazos a una mujer que estaba sentada en su vehículo de la policía sin insignias en agosto de 2018. Mitchell afirmó que se trató de un acto de defensa propia.
La policía de Columbus detalló que Mitchell baleó a muerte a Donna Castleberry, de 23 años, después de que la mujer lo apuñaló en la mano durante una investigación encubierta por prostitución.
Mitchell se ha declarado inocente de esos cargos, al igual que de los cargos federales de obligar a mujeres a tener sexo con él bajo amenaza de arrestarlas, de presionar a otros para ayudarle a encubrir delitos y mentir a los investigadores federales cuando aseguró que nunca había tenido relaciones sexuales con prostitutas.
La familia de Castleberry busca más de 3,5 millones de dólares en compensación en una demanda federal de homicidio imprudencial contra Mitchell, el ayuntamiento y el departamento de policía.