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Citan a declarar a Cristina Fernández por atentado en 1994

La ex presidenta de Argentina forma parte de las investigaciones sobre el atentado en contra de una mutua judía en 1994 que dejó 85 muertos; se presentará ante el juez el próximo 26 de octubre

Foto: Archivo
09/10/2017 |12:52
Redacción
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Un juez citó hoy a la ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) como investigada en una causa por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994 , abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.

Según informaron hoy fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio convocó a un total de quince imputados -a quienes prohibió la salida del país-, entre ellos la ex mandataria, que deberá acudir a los tribunales el 26 de octub re próximo, así como al ex canciller Héctor Timerman y el exsecretario legal y técnico de la Presidencia Carlos Zanini.

Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal encargado de la investigación sobre el atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires -que dejó 85 muertos y sigue impune-, y creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, algo que la ex mandataria siempre ha negado.

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Esta situación se da después de que el pasado 7 de septiembre el fiscal Gerardo Pollicita solicitara a Bonadio estas comparecencias.

Desde que Nisman presentó la denuncia -cuatro días antes de morir en circunstancias aún no esclarecidas-, esta pasó de ser desestimada por "inexistencia de delito" -a principios de 2015-, a ser reabierta a finales de 2016.

Asimismo, el 11 de septiembre Bonadio decidió unir el expediente a otro a su cargo por hechos similares abierto en diciembre de 2015.

Ese caso se abrió tras una denuncia por parte de varios ciudadanos que acusaban de "traición a la patria" a los altos cargos del anterior Gobierno -entre ellos Fernández - que aprobaron el memorándum con Irán.

Esos denunciantes consideraban que con la negociación y firma de ese pacto, el Ejecutivo traicionó no solo a la comunidad judía en Argentina sino también a su propio país.

lsm

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