Washington. El gobierno federal de Estados Unidos está a pocos días de un cierre que interrumpiría muchos servicios, presionará a los trabajadores y agitará la política, ya que los republicanos en la Cámara de Representantes, impulsados por las demandas del sector más conservador, fuerzan una confrontación sobre el gasto federal.
Aunque algunas entidades gubernamentales estarán exentas -los cheques de la Seguridad Social, por ejemplo, seguirán pagándose-, otras funciones se verán gravemente limitadas. Las agencias federales suspenderán todas las acciones que no se consideren esenciales, y millones de empleados federales, incluidos los militares, no cobrarán sus nóminas.
Un cierre se produce cuando el Congreso no consigue aprobar algún tipo de ley de financiación que sea promulgada por el presidente. Se supone que los legisladores deben aprobar 12 proyectos de ley diferentes para financiar las agencias de todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. A menudo recurren a la aprobación de una prórroga temporal, para permitir que el gobierno siga funcionando.
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Si no se aprueba ninguna ley de financiación, los organismos federales tienen que interrumpir todo el trabajo no esencial y no enviarán cheques de pago mientras dure el cierre.
Aunque los empleados considerados esenciales para la seguridad pública, como los controladores aéreos y los agentes del orden, tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales están suspendidos. En virtud de una ley de 2019, esos mismos trabajadores recibirán una paga retroactiva una vez que se resuelva el estancamiento de la financiación.
La financiación del gobierno expira el 1 de octubre, al iniciar el año fiscal federal. Si el Congreso no es capaz de aprobar un plan de financiación que el presidente convierta en ley, el cierre comenzará a las 12:.01 horas del domingo.
Es imposible predecir cuánto durará el cierre. El Senado, en manos de los demócratas, y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, están trabajando en planes muy diferentes para evitar el cierre, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, está luchando por conseguir el apoyo de los conservadores de extrema derecha para mantener abierto el gobierno.
Muchos se preparan para un cierre que podría durar semanas.
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Millones de trabajadores federales se enfrentan a retrasos en el pago de sus nóminas cuando el gobierno cierra, incluidos muchos de los cerca de 2 millones de militares y más de 2 millones de trabajadores civiles de todo el país.
Casi 60% de los trabajadores federales están en el Departamento de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional.
Mientras que todas las tropas en servicio activo y los reservistas seguirían trabajando, más de la mitad de los trabajadores civiles del Departamento de Defensa, unas 440 mil personas, serían despedidos.
En todas las agencias federales, los trabajadores están repartidos en los 50 estados y tienen una interacción directa con los contribuyentes, desde los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte que se encargan de la seguridad en los aeropuertos hasta los trabajadores del Servicio Postal que reparten el correo.
El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, ha declarado que se interrumpirá la formación de nuevos controladores aéreos y que otros mil controladores que están recibiendo formación serán despedidos. Según Buttigieg, incluso un cierre de pocos días significaría que el departamento no alcanzaría sus objetivos de contratación y dotación de personal para el próximo año.
"Imaginen la presión a la que ya está sometido un controlador cada vez que ocupa su puesto de trabajo, y luego imaginen el estrés añadido de llegar a ese trabajo desde un hogar con una familia que ya no puede contar con ese sueldo", dijo Buttigieg.
Más allá de los trabajadores federales, un cierre podría tener efectos de gran alcance en los servicios gubernamentales. Las personas que soliciten servicios gubernamentales como ensayos clínicos, permisos de armas de fuego y pasaportes podrían sufrir retrasos.
Algunas oficinas federales también tendrán que cerrar o reducir su horario durante el cierre.
Las empresas estrechamente relacionadas con el gobierno federal, como los contratistas federales o los servicios turísticos en torno a los parques nacionales, podrían sufrir interrupciones y caídas. El sector de los viajes podría perder 140 millones de dólares diarios en caso de cierre, según la Asociación de la Industria de Viajes de Estados Unidos.
Los legisladores también advierten de que un cierre podría sacudir los mercados financieros. Goldman Sachs ha calculado que un cierre reduciría el crecimiento económico en un 0.2% cada semana que durase, pero el crecimiento se recuperaría tras la reapertura del gobierno.
Otros afirman que la interrupción de los servicios públicos tiene repercusiones de gran alcance porque hace tambalear la confianza en que el gobierno cumpla sus obligaciones básicas. La Cámara de Comercio de EE.UU. advirtió: "Una economía que funcione bien requiere un gobierno que funcione".
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El presidente y los miembros del Congreso seguirán trabajando y cobrando. Sin embargo, los miembros de su personal que no se consideren esenciales serán despedidos.
El Tribunal Supremo, que comienza su nuevo mandato el lunes, no se vería afectado por un breve cierre porque puede recurrir a un fondo de dinero proporcionado por las tasas judiciales, incluidos los cargos por la presentación de demandas y otros documentos, dijo la portavoz del tribunal Patricia McCabe.
El resto del poder judicial federal también funcionaría con normalidad durante al menos las dos primeras semanas de octubre, dijo Peter Kaplan, portavoz del poder judicial.
Desde 1976, se han producido 22 cierres, 10 de las cuales se han saldado con el despido de trabajadores. Pero la mayoría de los cierres importantes se han producido desde la presidencia de Bill Clinton, cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y su mayoría conservadora exigieron recortes presupuestarios.
El cierre de gobierno más largo ocurrió entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso entraron en un punto muerto por su demanda de financiación para un muro fronterizo. La interrupción duró 35 días, durante la temporada de vacaciones, pero también fue solo un cierre parcial del gobierno porque el Congreso había aprobado algunos proyectos de ley de asignaciones para financiar partes del gobierno.
Es responsabilidad del Congreso financiar el gobierno. La Cámara de Representantes y el Senado tienen que ponerse de acuerdo para financiar el gobierno de alguna manera, y el presidente tiene que firmar la legislación para convertirla en ley.
Las dos partes están muy enfrentadas y no están cerca de llegar a un acuerdo para evitar el cierre.
Pero si el cierre se prolonga durante semanas, aumentará la presión para que se ponga fin al punto muerto, sobre todo si los militares en activo dejan de cobrar el 13 de octubre o el 1 de noviembre. Si el público en general empieza a ver interrupciones en el transporte aéreo o en la seguridad fronteriza mientras los trabajadores no cobran, el Congreso se verá obligado a actuar.
El Congreso recurre a menudo a la denominada "resolución continua" (CR, por sus siglas en inglés), que proporciona fondos provisionales para mantener abiertas las oficinas gubernamentales al nivel actual, mientras se celebran las negociaciones presupuestarias. El dinero para las prioridades nacionales urgentes, como la ayuda de emergencia para las víctimas de desastres naturales, a menudo se adjunta a un proyecto de ley a corto plazo. Sin embargo, los republicanos de la línea dura dicen que cualquier proyecto de ley temporal es un fracaso para ellos.
mcc