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La Haya.— Los juicios celebrados en los pasillos de la autoridad por excelencia para dirimir diferendos entre los Estados son tan calculados y meticulosos como un juego de ajedrez.
Los delegados que tratan de convencer con sus argumentos a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cuidan hasta el menor detalle, desde la vestidura que portan y la planilla del equipo hasta la hora de llegada, todo tiene significado.
No fue la excepción en la segunda jornada de la vista para atender la solicitud de México para que Ecuador adopte “medidas provisionales”. Los primeros en aparecer en la explanada del Palacio de la Paz, entre las dos banderas azules de Naciones Unidas y los jardines iluminados por los colores de jacintos azules, prímulas moradas y violetas, fue la delegación ecuatoriana encabezada por su embajador en Países Bajos, Andrés Terán Parral.
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Enfundados en trajes de tonos oscuros, los delegados de la talla de Sean Murphy, reconocido profesor de derecho internacional de la Universidad George Washington, llegaron 40 minutos antes del inicio. Había llegado el momento de responder a los hechos, acusaciones y señalamientos; 15 minutos después llegó el equipo mexicano. La primera en entrar al pasillo de la Corte fue la embajadora Carmen Moreno, seguida por el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio.
La delegación ecuatoriana se acuarteló en la Sala 1, asignada para sus consideraciones finales. “Estamos más que listos para desmantelar los alegatos de México”, dijo un delegado ecuatoriano al asomarse a las puertas del despacho. El equipo mexicano no se detuvo en el salón asignado, Sala 25, sino que se dirigió al Gran Salón de Justicia, y fueron los primeros en ocupar su asiento.
En punto de las 10 de la mañana los presentes se pusieron de pie para la recepción del juzgado. Uno a uno fueron entrando, los 15 magistrados, entre ellos el veterano jurista mexicano Juan Manuel Gómez Robledo, quien 20 años atrás representó a México en la denuncia contra Estados Unidos por violar la convención de derechos consulares con relación a mexicanos condenados en ese país a la pena capital, el llamado Caso Avena.
A partir de ese momento y durante dos horas, Ecuador descargó sus argumentos tratando de desactivar la solicitud de México. Al igual que México, el equipo ecuatoriano dividió su exposición en distintas etapas, comenzando con una intervención inicial de Terán Parral en la que afirmó que las medidas provisionales solicitadas son inapropiadas, injustificadas, insostenibles y basadas en especulaciones. Se concentró en reforzar la tesis de que no existe “riesgo real e irreparable” para ordenar las medidas provisionales reclamadas para proteger el recinto diplomático mexicano.
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La Embajada de México en Quito fue abandonada en reacción a los hechos del 5 de abril, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron para detener al exvicepresidente Jorge Glas, refugiado ahí y perseguido por la justicia. “La solicitud mexicana es innecesaria e injustificada (…) Ecuador otorgó las garantías a México, de conformidad con el derecho internacional, de respetar y proteger las instalaciones de su misión diplomática en Quito, sus propiedades y sus archivos”, dijo a EL UNIVERSAL Andrés Terán. “Dichas garantías fueron ofrecidas voluntariamente en dos ocasiones, incluyendo las seguridades de no agravar el conflicto y tratar de buscar una solución pacífica de forma bilateral”.
El veterano Michael Wood, asesor juídico de la Cancillería británica durante la guerra en Irak fue insistente: lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito fue un “incidente excepcional”, nunca antes había ocurrido y no ocurrirá jamás, fue una acción con un propósito: traer ante la justicia a Glas, condenado a ocho y seis años de prisión por robo, soborno, corrupción y lavado de dinero. La presentación ecuatoriana hizo énfasis en la falta de jurisdicción de la Corte. Dijo que México incumplió el requisito de agotar las negociaciones de forma amistosa antes de acudir a La Haya, como contempla el Pacto de Bogotá.
“Dice Ecuador que México corre a la Corte sin voluntad de negociar o de resolver de forma pacífica, amigable la controversia, pero miente. Recurrimos por la gravedad de la agresión sufrida, así que fue Ecuador el que corrió a violentar la embajada cuando había un intenso diálogo diplomático”, responde Celorio, en conversación con este diario. “El otorgamiento del asilo debió ser resuelto por la vía diplomática, no la fuerza. México en todo momento estuvo dispuesto a hacerlo (…) hay información para establecer que el señor Glas sufre persecución política y por tanto ofrecimos el asilo”.
Desde la grada pública observó la audiencia la mexicana Diana Medina Hernández, quien estudia una maestría en derecho internacional y forma parte del Poder Judicial de la Federación. Dejó entrever que la demanda de México se tambalea. “Cuando se trata de emitir una resolución tienes que mirar todo el panorama no dejarte llevar por las emociones. Ecuador dice que antes de haber acudido a esta instancia tenía que haberse dialogado, agotado el Artículo 2 del Pacto de Bogotá, que pide a partes negociar antes de acudir a una instancia internacional (...) Ese va a ser un aspecto muy importante, hubo reacción entre los jueces a la exposición del profesor de la Universidad George Washington, tomaron nota”.
Los magistrados cuentan con los elementos para decidir. Por lo regular, en los casos de medidas provisionales se emite la orden en dos o tres semanas. Después vendrán las discusiones sobre el fondo del asunto.
