Washington. —La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló ayer al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, como responsable de graves violaciones de derechos humanos en su país y elevó a 212 la cifra de personas muertas en las protestas desde hace dos meses.
En su informe final sobre Nicaragua, la CIDH alertó de un recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas y avisó de un patrón de uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada por parte de la Policía Nacional, en colaboración con grupos paramilitares.
Ante esto, la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometió a involucrarse en la búsqueda de una solución al conflicto, el cual entró ayer por primera vez en el consejo permanente de la OEA con la presentación del informe que realizó la CIDH.
El secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, cifraron en 212 los muertos, la mayoría jóvenes, en el marco de las protestas que arrancaron el 18 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega y lo acusaron de aplicar violencia estatal para disuadir a los manifestantes.
“La respuesta de represión a las protestas ejercida por el gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos”, señala el informe.
El documento constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de armados, y concluye que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.
Hasta el 6 de junio, la CIDH contabilizó mil 337 heridos y 507 detenciones arbitrarias.
En tanto, 15 jóvenes nicaragüenses que fueron liberados ayer tras su detención en la oleada de protestas denunciaron golpes y abusos de fuerzas policiales y paramilitares. Fueron llevados por la policía a la catedral de Managua y otros 11 quedaron libres en Masaya; dos eran menores de edad.
La Iglesia, cuya gestión logró las liberaciones, celebró el informe: “Gracias a la CIDH por mostrar la verdad del genocidio perpetrado contra el pueblo de Nicaragua de parte del gobierno”, reaccionó Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.
El ministro de Exteriores del gobierno de Nicaragua, Denis Moncada, calificó al informe de “subjetivo, prejuiciado y notablemente parcializado”. “No es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso represivo y arbitrario de la fuerza”, añadió; mientras que la primera dama y vicepresidenta nicaragüense se pronunció afirmó que el país saldrá fortalecido de estos “tiempos de tribulación y dolor”.
México presentará una propuesta de implicación en la búsqueda de una solución tras consultar con la OEA.
