San José. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incumplió un acuerdo de reparación con la familia del indígena mexicano Antonio González Méndez, desaparecido en 1999 en Chiapas como miembro civil de la entonces guerrilla izquierdista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La denuncia fue planteada por la abogada peruana Karin Mansel, asesora de la CIDH, en una audiencia virtual esta mañana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en la que México está siendo juzgado por la presunta culpa internacional de los gobiernos de los presidentes mexicanos Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en la desaparición forzada de González.
Mansel explicó a la Corte-IDH que el gobierno de López Obrador llegó a un acuerdo en julio de 2019 de “medidas de reparación” con la familia de González —su esposa Zonia López, sus tres hijas y su hijo— y que luego pidió una prórroga.
“El Estado (mexicano) no ha cumplido integralmente con las reparaciones”, señaló la delegada de la CIDH.
El caso contra México marcó un hecho sin precedentes hoy en la Corte, ya que es la primera vez que el Estado mexicano es sometido a juicio por responsabilidad internacional por las presuntas violaciones a los derechos humanos que cometió en el entorno desde el levantamiento armado del EZLN en Chiapas en 1994.
La Corte precisó que se indaga la presunta culpa de México por violar, en contra de González, los derechos de integridad personal, de garantías judiciales y de protección judicial y las obligaciones de “no practicar la desaparición forzada”.
González, indígena de la etnia Cho’l, tenía 22 años cuando fue desaparecido el 18 de enero de 1999 en Chiapas, en lo que reiteradamente fue denunciado como un operativo paramilitar con supuesto apoyo gubernamental.
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Desaparición de indígena Cho’l “fue ejecutada por paramilitares"
El (no estatal) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de Chiapas, ratificó ayer a EL UNIVERSAL que la desaparición de González “fue ejecutada por paramilitares a los que el Estado mexicano financió, formó y entrenó en su plan contrainsurgente para que perpetraran graves violaciones a los derechos humanos”.
El Centro señaló que González fue desaparecido por la red paramilitar Paz y Justicia, que operó en el norte de Chiapas.
El plan contrainsurgente “Campaña Chiapas 94”, diseñado por la Secretaría de la Defensa de México, incluyó formar paramilitares que “cometieron” crímenes de lesa humanidad contra indígenas y “agresiones” a civiles para causar “un estado de terror” e impedir el apoyo de las comunidades al EZLN, indicó.
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La Corte informó que González integró “las bases civiles” del EZLN, guerrilla indígena izquierdista creada en 1983 que en enero de 1994 declaró la guerra al gobierno para exigir solucionar las dificultades de los pueblos originarios de Chiapas en salud, educación, tierras y otras demandas y que en 2006 pasó de ser aparato militar a movimiento político.
En la audiencia de esta mañana participa una representación del Estado mexicano, encabezada por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México e integrada por autoridades judiciales y de otras instituciones estatales. También participa la CIDH.
El proceso, que en 2022 fue elevado a la Corte por la Comisión, que son instancias autónomas de la Organización de Estados Americanos (OEA), quedará visto para sentencia tras el trámite de hoy. La Corte-IDH tiene su sede en Costa Rica y la CIDH en Washington.
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