San José.— Tras quedar atrapado en 2019 y 2020 en su más honda y violenta crisis socioeconómica, política e institucional desde que en 1990 pasó del final de la dictadura militar al lento retorno a la democracia, Chile decidirá mañana en un plebiscito si acepta o rechaza iniciar un proceso que arme una nueva arquitectura constitucional, rompa con estructuras del pasado y del presente y rediseñe el futuro.
En una sociedad con dos bandos opuestos ante su más trascendental consulta en las urnas en las primeras dos décadas del siglo XXI, unos 14.8 millones de chilenos podrán votar y responder a dos preguntas con cuatro opciones, en dos papeletas.
Para la primera: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”, el ciudadano puede contestar “Apruebo” o “Rechazo”.
Para la segunda, sobre “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, tienen las alternativas de “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”.
La segunda aclara que la Mixta estaría “integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio” y la Constitucional sería “integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”. En ambos casos, si gana el “Apruebo”, Chile debería volver a votar para elegir a los constituyentes.
La ruta que se definirá mañana consolidaría o sepultaría el deseo de cambio que emergió el 18 de octubre de 2019, al estallar multitudinarias protestas callejeras antigubernamentales que detonaron un conflicto al oponerse a un plan del gobierno de encarecer el transporte público.
Desesperado, el presidente chileno, Sebastián Piñera, retiró el plan, pero sin desactivar el descontento: la espoleta brincó por los aires en una hoguera fértil de desigualdad social con un sistema económico y político marcado por la economía de mercado y su dosis de privatizaciones.
Medida por ingresos de dinero y con datos oficiales, la miseria bajó de 40% en 1990 a 8.6% o aproximadamente un millón 500 mil pobres en 2017. El (estatal) Instituto de Estadísticas de Chile precisó que la población aumentó de 17.5 millones en 2017 a 19.4 millones en 2020.
La (no estatal) Fundación Superación de la Pobreza en Chile advirtió a EL UNIVERSAL que la pobreza multidimensional llegó a 20.7% por acceso a salud, educación, seguridad social y vivienda y convivencia social: unos 3.6 millones de chilenos.
La tormenta enterró una fama de milagro económico que Chile construyó tras el golpe de Estado de 1973, que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende e instaló la dictadura militar del general Augusto Pinochet.
La economía de Chile resintió “el impacto” de la zozobra del último año, alertó el economista mexicano Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El cambio constitucional “ofrece la posibilidad” de que Chile siga siendo líder económico regional y ubicarse en una mucho más estable y prometedora posición, afirmó.
Por impacto de la pandemia, Chile tendrá en 2020 una contracción económica de 6% y en 2021 una recuperación de 4.5%, según el FMI. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vaticinó este mes que el Producto Interno Bruto de Chile caerá 7.9% negativo en 2020. Otro informe de la CEPAL mostró que, en 2017, 1% más adinerado de Chile se quedó con 26.5% de la riqueza y 50% de los hogares de menos ingresos accedió únicamente a 21% de la riqueza neta.
Herencia
La actual Carta Magna fue aprobada en agosto de 1980, bajo el ojo de Pinochet, y ratificada en septiembre de ese año. El 11 de marzo de 1981 entró en vigencia transitoria y asumió validez total el 11 de marzo de 1990, con la salida del régimen militar tras 17 años.
En 1991 se abrió la puerta a la democracia, pero con reglas de dictadura. Chile comenzó a navegar en tempestades políticas que acumularon presión social sobre un dique o muro que se desgastó y cedió en las calles en 2019.
“La nueva Constitución debería ser un nuevo pacto social, económico y político que abra un mejor futuro para Chile, con un sistema democrático participativo e incluyente”, pidió el (no estatal) Foro Permanente de Política Exterior.
En una declaración que envió a este diario, el foro clamó para que la futura constitución respete los derechos humanos y el desarrollo justo y sustentable, “suprima” las políticas neoliberales de la actual, “derrote definitivamente la pobreza y supere las profundas desigualdades que caracterizan la sociedad chilena”.
