San José.— Una chilena de cuatro años quedó huérfana de madre el pasado 2 de abril en el sur de Chile. El padre de la niña habría asesinado a Marcela, chilena y progenitora de la menor. El presunto feminicida es un exagente de la Gendarmería de Chile, estructura militar penitenciaria.
La huérfana se sumó a dos menores chilenos hijos de Ximena, asesinada a golpes y puñaladas por su esposo, también chileno, el 27 de abril de 2017 en el norte de Chile. En la orfandad, los tres quedaron atrapados en tramas judiciales, familiares y otros líos educativos, de vivienda, manutención y crianza en Chile y en una tormenta socioeconómica por la que también transitaron decenas de hijas e hijos de víctimas de los feminicidios en ese país.
En un hecho que podría repercutir en el resto de América Latina y el Caribe, que arrastra un recuento creciente diario de asesinatos de mujeres… cometidos por hombres —familiares, exparejas, allegados, vecinos, criminales— por el simple hecho de ser mujeres, Chile adoptó este año una innovadora legislación para enfrentar el fenómeno de los feminicidios y parte de su impacto social.
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Con carácter retroactivo que permitirá beneficiar a la hija de Marcela, a los hijos de Ximena y a numerosos chilenos, el Congreso aprobó en abril pasado una ley que crea “régimen de protección y reparación integral en favor de víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias”. La Cámara de Diputados lo hizo el 18 de abril y el Senado el 5 de ese mes, mientras que el gobierno del presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, la promulgó el 19 con la orden de ejecútese, y el 9 de mayo la publicó en el Diario Oficial. El texto completo puede consultarse en este enlace: Publicación del martes 9 de mayo de 2023 (interior.gob.cl).
Entre los puntos esenciales como pieza jurídica de reparación integral, el Estado chileno otorgará pensión individual de 160 mil pesos chilenos —unos 198 dólares— ajustables anualmente al índice de la inflación, a hijas e hijos de las asesinadas o de suicidio femenino hasta que cumplan 18 años.
En su artículo 5 definió: “Derecho a pensión de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio o suicidio femicida. Establécese una pensión mensual en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las mujeres consideradas como víctimas (…) del delito de femicidio en grado consumado o del delito de suicidio femicida”.
En el 8, determinó que habrá derecho a protección en trabajo para que “víctimas de feminicidio frustrado o tentado” gocen de un “fuero laboral desde la perpetración del hecho hasta un año después”. Con ese fuero, las mujeres sobrevivientes y sus familias pueden proseguir los procesos judiciales en contra de sus agresores.
“Esta legislación es un hito en nuestro país y en la región: cambia el foco con el que intentamos [enfrentar] el problema y la pandemia del feminicidio contra las mujeres y los cuerpos feminizados”, afirmó la abogada chilena Danitza Pérez, integrante, exdirectora ejecutiva y exresponsable de nexos legislativos de la (no estatal) Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem).
“En nuestro país las últimas legislaciones estaban enfocadas en la ampliación de la figura del feminicidio y, por primera vez, nos enfocamos en reparación de víctimas especialmente con el otorgamiento de esta pensión de gracia para las víctimas de feminicidio una vez que las mujeres han sido asesinadas”, dijo Pérez a EL UNIVERSAL. “Esto es un hito porque hace que, finalmente, exista un reconocimiento de la ausencia del Estado en su deber de protección a las mujeres. Cambia absolutamente el foco y da pie para poder empezar a pensar que la respuesta al problema del feminicidio no puede tener que ver solamente con respuestas punitivas”, aseguró.
Tras insistir en que “necesitamos una justicia que se haga cargo de prevenir y también de reparar”, planteó que la ley será “también un hito” para América Latina y el Caribe “de manera que vayamos ampliando cuáles son las formas que tenemos para aproximarnos a la prevención de la violencia”.
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“Se reconoce [en la ley] la responsabilidad del Estado en la prevención, protección y reparación de estas violencias, de manera que cada vez que ocurre un feminicidio lo que observamos es la inoperancia de un sistema de protección de las mujeres. Estaríamos cambiando el foco y ayudando a nuestra región a seguir avanzando en contra de la violencia”, subrayó. Al urgir a “seguir ampliando” mecanismos de prevención y reparación por agresión a mujeres, destacó que es “un problema que, lamentablemente, no hemos podido frenar pese a múltiples intentos y al movimiento feminista latinoamericano, que ha sido tan fuerte en últimos años en particular, pero que hoy se enfrenta a arremetida conservadora de ultraderecha que busca minimizar problema de violencia de género”.
Viejas costumbres
En un escenario en el que persistió la añeja cultura machista y patriarcal, los datos de feminicidios en la zona aumentaron de 2 mil 795 en 2017 a 4 mil 91 en 2020 y a 4 mil 473 en 2021, sin cifras totales de 2022, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que integra el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La (no estatal) Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres reportó 56 feminicidios en Chile en 2022 y 18 de enero a junio de 2023. Existen otros reportes sobre 65 casos frustrados en este año en un país que, como Chile, emitió en 2010 la primera ley de feminicidios y la reforzó con una de 2020 para avanzar a la de 2023. La legislación de 2010 sólo consideró al feminicidio íntimo o cometido en nexo de parentesco. El concepto de feminicidio fue ampliado en la de 2020 al contemplarlo como relaciones de poder de hombres sobre mujeres y mujeres transexuales. El marco sancionatorio por ese delito es de 15 a 40 años de cárcel.
“Esta tercera legislación [de 2023] tampoco afecta el concepto de feminicidio ni su penalización ni lo previene. Aunque es un avance al reconocer que el feminicidio tiene más víctimas que sólo la mujer asesinada, no es que previene el feminicidio ni que lo castigue”, aclaró la abogada chilena Lorena Astudillo, de la Coordinación Nacional de la Red. “En Chile estamos bastante atrasadas: no existen leyes de promoción de vías libres de violencia ni que prevengan feminicidio. La nueva ley reconoce que no sólo mujeres asesinadas son víctimas de esto que el Estado chileno no previene, sino que hay víctimas colaterales: hijos, hijas, madres e incluso las sobrevivientes de feminicidio”, indicó Astudillo a este periódico. “La enseñanza es que es importante que se reconozca que el feminicidio mata a una mujer y daña a muchas más personas a su alrededor”, explicó.
Con la pensión se podrán cubrir algunos gastos hasta los 18 años. “La ley se preocupa por la educación o la vivienda de esos niños o niñas. La pensión es un alivio sobre todo para las abuelas, que son las que casi siempre tienen que quedarse a cargo y ya son adultas mayores y tenían que empezar a criar nuevamente sin ningún tipo de apoyo y viviendo de pensiones”, detalló.
El fuero laboral facilitará a las sobrevivientes y sus parientes desarrollar los trámites judiciales. “Muchas familias tenían que perder sus trabajos, porque a nadie le dan permiso de ausentarse para estar en eso”, señaló.
Al admitir que “con esta ley, el Estado asume responsabilidad que debió de haber sido anterior”, lamentó que “no hay legislación en Chile que prevenga feminicidio ni políticas públicas destinadas a evitar violencia contra las mujeres. Ni siquiera en Chile está tipificada la violencia hacia las mujeres como delito: eso no existe ni institucional ni legislativamente”.
Deuda eterna
Después de la aprobación de la ley, el panorama para las chilenas evidenció antiguas carencias, insistió la abogada chilena Camila Maturana, director de la (no estatal) Corporación Humanas Chile, centro regional de derechos humanos y justicia de género.
“Es importante reconocer este avance legislativo, impulsado por organizaciones feministas de la sociedad civil: madres y familiares de víctimas de feminicidios que, por muchos años, han levantado la necesidad de reparación y protección estatal para niñas y niños que son hijas e hijos de víctimas de feminicidios”, recordó Maturana a este diario.
“Esta ley surge de la movilización de esas madres y familiares que generaron el apoyo del gobierno. Pero, aunque en Chile se ha legislado sobre feminicidio, lamentablemente no se ha logrado disminuir la ocurrencia de crímenes contra las mujeres, adultas y niñas. Es necesario que el Estado asuma sus obligaciones en prevención de esa violencia”, exigió.
“Es muy importante que, de todas maneras, el Estado a través de sus órganos cumpla sus obligaciones que asumió en tratados [internacionales] de derechos humanos de las mujeres… dicho en relación con la prevención de la violencia. Ahí todavía hay deudas pendientes”, precisó.
Ratificó que persisten “en investigación y sanción de los crímenes, protección de víctimas, atención integral y reparación. La violencia contra las mujeres es un problema cultural arraigado en la cultura patriarcal”. Fue ese poderoso sello ancestral el que marcó los violentos episodios en Chile que involucraron a la hija de Marcela en 2023 y a los hijos de Ximena en 2017: las dos fueron asesinadas por los progenitores de lo que ahora son tres huérfanos de madre.