Caracas. Chile llama a consultas a su embajador en Venezuela en protesta por unas declaraciones del canciller venezolano en las que negó la existencia del Tren de Aragua, una organización criminal a la que el gobierno del presidente Gabriel Boric atribuye el aumento de la inseguridad en su territorio.
“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconoce la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias”, dijo Boric en un acto público en la capital chilena al explicar las razones para tomar esa decisión.
El mandatario chileno convocó a consultas al embajador Jaime Gazmuri como reacción a los comentarios del lunes pasado del canciller venezolano Yván Gil, quien en un encuentro con su homólogo colombiano, Luis Gilberto Murillo, afirmó que el Tren de Aragua “es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente”, que buscaría desacreditar el gentilicio y al gobierno venezolano.
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El gobierno de Venezuela no se pronunció oficialmente sobre la decisión de Boric.
Esa organización criminal, surgida en Venezuela, ha extendido sus operaciones a otros países de Latinoamérica y sus miembros son buscados por delitos de narcotráfico, extorsión, secuestro, sicariato, homicidio, trata de personas y otros relacionados con el crimen organizado, según las autoridades.
El gobierno chileno ha atribuido el aumento de la inseguridad y de la violencia en el país en los últimos dos años a organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, entre ellas, al Tren de Aragua.
Por su parte, las autoridades venezolanas han admitido en el último año que esa banda criminal era una de las que tenía dominio en cárceles del país y que desde allí operaban como centro de mando de sus actividades delictivas fuera de los muros.
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La presencia y control en los centros penitenciarios de esas organizaciones fue el argumento del gobierno de Venezuela para intervenir varias prisiones a finales del año pasado, en un esfuerzo por desmantelar esos grupos y recuperar el orden interno y la seguridad penitenciaria.
Boric destacó que la decisión de llamar a consultas a su embajador en Venezuela “tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria". Pero, además, para "instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales”.
El mandatario chileno agregó en su red social de X, antes Twitter, que esta “falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado” en la actualidad.
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