Santiago de Chile.— Las masivas protestas sociales en Chile obligaron al presidente Sebastián Piñera a hacer una profunda modificación a su gabinete federal, con hasta ocho cambios de funcionarios, entre ellos los ministros clave de Interior y el de Hacienda, sin que eso pusiera fin a la crisis.
Las remociones responden a la necesidad del gobierno por “cambiar para enfrentar estos nuevos tiempos”, pues Chile ya “no es el mismo” que el de hace un par de semanas, dijo Piñera al anunciar los cambios, cuando ya son 11 días desde el estallido social que ha dejado un sinfín de enfrentamientos entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad y alrededor de 20 muertos.
El presidente se desprendió de tres personas de mayor confianza, como el otrora exmininstro del Interior, Andrés Chadwick, primo de Piñera y responsable de la seguridad del país, y de la vocera Cecilia Pérez, quien también ocupó ese puesto en el primer gobierno de Piñera, con cuya salida se pretende obtener una política de comunicación más próxima y de diálogo.
Chadwick se vio sobrepasado por las manifestaciones que derivaron en el decreto del estado de emergencia (levantado hace dos días) en ciudades de casi todo el país, toques de queda nocturnos y la presencia militar en las calles, cuya actuación, junto a los carabineros, produjo denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.
En el caso del ministro de Hacienda, se busca una apertura de cara hacia las demandas de los ciudadanos para combatir las desigualdades sociales que critican los ciudadanos en las calles, frente al perfil más ortodoxo del saliente Felipe Larraín. Además de los cargos directos afectados por las protestas, también cambiaron miembros del gabinete de forma indirecta, como los casos de las secretarías generales de la Presidencia, de Gobierno, Economía, Trabajo, Bienes Nacionales y Deportes.
Sin embargo, la nueva portavoz del gobierno, Karla Rubilar, dijo que están trabajando para “encontrar” a quienes están ocasionando destrucción y caos.
En las calles de Chile, ayer integrantes del cuerpo de carabineros dispersaron con gases lacrimógenos y con chorros de agua a los manifestantes que se acercaron al Palacio de la Moneda, sede del gobierno federal, en Santiago. Desde la tarde, se implementó un dispositivo que impidió a la gente caminar libremente por las calles o acercarse a Palacio. Entre barricadas y tras horas de confrontaciones y disturbios, la protesta acabó con un gran incendio de una plaza comercial en pleno centro de Santiago. El centro comercial fue saqueado primero.
Con el paso de los minutos, una gran columna de humo iba oscureciendo el cielo de la capital de Chile, mientras el fuego se propagaba a los edificios colindantes, informó el diario La Tercera.
En otro acto, miles se concentraron frente al Palacio de los Tribunales de Justicia para exigir sanciones para los responsables de las muertes y torturas a manos de los agentes del Estado contra personas detenidas en las protestas.
La movilización fue convocada por asociaciones de familiares de desaparecidos, presos y ejecutados políticos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), federaciones de estudiantes, sindicatos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, así como de organizaciones feministas y colectivos LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual).
Los inconformes llegaron con siluetas de color verde y negro que simbolizan a las 20 víctimas mortales que han dejado los disturbios a nivel nacional desde el 18 de octubre. Al menos cinco de los fallecidos perecieron por acciones de las fuerzas de seguridad, tanto militares como carabineros, según constantó el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH).
A la convocatoria se sumó Amnistía Internacional, que desde ayer tiene una misión en el país para observar y reunir evidencias de las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estado de emergencia que Piñera decretó para desplegar a militares en las calles. El director del INDH, Sergio Micco, dijo que su institución ha presentado 88 querellas contra agentes del Estado, de las que 17 son por violencia sexual.
Para ayer estaba prevista la llegada de una misión de Naciones Unidas para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y que permanecerá en el país hasta el 2 de noviembre.