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San José.— Guatemala, Honduras y El Salvador, que registraron un aumento de más de 24 mil deportaciones terrestres desde México de enero a julio de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, mantuvieron ayer silencio sobre la decisión que anunció Estados Unidos, la cual se aplicará a partir de hoy, de imponer mayores restricciones para otorgar el asilo a centroamericanos en suelo estadounidense.
A consultas de EL UNIVERSAL, los tres gobiernos coincidieron en que, por el momento, evitarán emitir sus reacciones ante la radicalización de las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para endurecer su política migratoria e impedir el ingreso de decenas de miles de migrantes irregulares centroamericanos ansiosos de obtener asilo en esa nación para escapar del escenario violencia, inseguridad y crisis socioeconómica en sus países de origen.
En el caso de Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informaron a este diario que, por ahora, no se pronunciarán al respecto. Por su parte, las presidencias y las cancillerías de los gobiernos de El Salvador y de Honduras recibieron las peticiones de este periódico, pero tampoco respondieron.
A finales de marzo anterior, y en una represalia en proceso, Trump suspendió la ayuda financiera al Triángulo Norte de Centroamérica de unos 560 millones de dólares de los periodos fiscales de 2017 y 2018, y pendientes de desembolso, al acusarlos de que son incapaces de detener la incesante migración irregular a EU vía México de la que son fuentes principales.
En tanto, las tres naciones reactivaron las alertas de sus redes consulares en numerosas ciudades estadounidenses para atender a sus ciudadanos ante el inicio de redadas en esas localidades para deportaciones masivas.
El Instituto Guatemalteco de Migración precisó que las deportaciones por tierra de México a Guatemala de sus paisanos, hondureños y salvadoreños subieron de 53 mil 706, del 1 de enero al 30 de julio de 2018, a 78 mil 462, del 1 de enero al 8 de julio de 2019, con un incremento de 24 mil 756 repatriaciones.
En alusión a las redadas, el gobierno de Honduras advirtió ayer que “los estándares interamericanos de derechos humanos exigen que cada decisión en materia migratoria sea fundamentada individualmente y se respete el debido proceso, independientemente del estatus, garantizando, entre otros, la dignidad, la vida y aplicando los principios fundamentales de no devolución, y en el caso de niños y su interés superior”.
El (estatal) comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, lamentó que el gobierno de Estados Unidos conciba la migración “como un problema de seguridad del Estado y no como una cuestión de seguridad humana”.
Por regulaciones internacionales, ninguna persona puede ser deportada al mismo país del que huyó, precisamente por temor a morir, recordó, al insistir en que las redadas masivas perjudican la salud mental de los migrantes.
