El contencioso territorial de la región de Cataluña con el Estado español entró este año en una dimensión desconocida y un alto nivel de tensión, que llevó al Gobierno español, por primera vez, a asumir las competencias de una comunidad autonómica y disolver su Parlamento.
El detonante fue la decisión de la Cámara regional catalana, el 27 de octubre , de aprobar una declaración unilateral de independencia, apoyada por tres partidos independentistas, mientras los partidarios de la Constitución y la unidad de España abandonaban el hemiciclo.
El Tribunal Constitucional español dictaminó después la ilegalidad de esa declaración, así como la de todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo catalán y su Parlamento en el marco del proceso independentista.
Lo que esa declaración pretendía era aplicar los resultados de una consulta soberanista celebrada el 1 de octubre, igualmente ilegal, en la que participaron poco más de dos millones de personas en una región con 7,5 millones de habitantes.
La consulta fue irregular, con imágenes de personas votando varias veces en diferentes puntos y algunas haciéndolo en la calle, pero también deparó varios momentos de fuerte tensión, con cargas policiales en varios colegios que albergaban urnas.
La Justicia había ordenado a las fuerzas de seguridad requisar todo el material destinado a esa consulta y precintar los colegios, pero en numerosos lugares hubo pasividad de la Policía regional y los ciudadanos que quisieron pudieron acercarse a las urnas que se mantuvieron ocultas hasta el último momento.
Sin valor legal, los secesionistas pusieron de manifiesto que las cargas policiales eran una muestra de los que consideran "represión" del Estado español.
Sin embargo, los independentistas no consiguieron reconocimiento alguno por parte de ningún país y, por el contrario, el proceso generó mucha incertidumbre y división en la sociedad.
Desde finales de septiembre, poco antes de la consulta del 1 de octubre, y durante varias semanas, la inseguridad jurídica hizo que más de 3.000 empresas radicadas en Cataluña dejaran esa región para establecerse en otras zonas de España.
Fue el caso de grandes compañías, como Gas Natural, CaixaBank y Banco Sabadell y Abertis, mientras que a nivel económico el proceso secesionista ha supuesto un bajón de la actividad y del turismo.
Las consecuencias del proceso tienen también una vía judicial y otra política.
El Tribunal Supremo instruye la causa por rebelión y sedición contra los miembros del Gabinete catalán - destituidos el 27 de octubre por el Ejecutivo español - pero también de líderes de los partidos secesionistas, así como los de asociaciones que apoyan el movimiento e incluso algún jefe de la Policía regional (los llamados Mossos d'Esquadra).
Algunos de ellos fueron a la cárcel, donde todavía quedan cuatro personas - dos exgobernantes y dos líderes sociales - mientras otros quedaron en libertad bajo fianza, con medidas cautelares, a la espera de un juicio que se demorará algunos meses.
Mientras tanto, el expresidente regional Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros se marcharon a Bélgica, donde por el momento eluden la acción de la Justicia española, que ha dictado contra todos ellos orden de detención si regresan.
Esta parte judicial interfiere en la política, porque la suerte de todos estos políticos está relacionada con el futuro Gobierno catalán.
El pasado 21 de diciembre las elecciones autonómicas dieron por primera vez en Cataluña la victoria en votos y escaños a un partido no nacionalista, Ciudadanos, pero su resultado es insuficiente, porque los tres partidos independentista tienen mayoría absoluta en la Cámara.
Aquí es donde influye la situación procesal de los investigados. Puigdemont, al frente de una candidatura llamada Junts per Catalunya, podría intentar presentarse a la reelección, pero cuando pise territorio español será detenido y el que fue su vicepresidente, Oriol Junqueras (de ERC), está en la cárcel y hasta el 4 de enero no se verá su recurso para salir.
La incógnita, que empezará a resolverse en las primeras semanas de enero, es si estos líderes se mantendrán al frente del proceso o se verán obligados a dar paso a otros sin problemas judiciales.
Y, más aún, la incógnita es si esas fuerzas secesionistas modifican su discurso y moderan sus actuaciones, visto que el Gobierno central, respaldado por partidos que suman la mayoría en el Congreso, ya ha dado pruebas de que no consentirá la ruptura del orden constitucional. EFE