El gobierno español dio ayer cinco días de plazo al de Cataluña para que le aclare si el martes declaró o no la independencia. Si la respuesta es afirmativa, aseguró que activará “inmediatamente” medidas punitivas que podrían implicar la suspensión de la autonomía y la destitución del presidente catalán, Carles Puigdemont.
Puigdemont tendrá que precisar el significado de su ambiguo discurso del martes, cuando declaró que iba a aplicar “el mandato del pueblo” para la creación de una República de Cataluña, aunque inmediatamente la dejó en suspenso para abrir un proceso de negociación con Madrid.
El lunes deberá responder al gobierno español “sí” o “no” a la pregunta de si declaró la independencia, y tendrá hasta el jueves 19 para retractarse en caso de haberla declarado.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acordó ayer, en un Consejo de Ministros extraordinario, exigir esta aclaración.
Ese es el primer paso para activar el artículo 155 de la Constitución española, que permite la suspensión de competencias autonómicas.
Rajoy dijo estar ofreciéndole a Puigdemont “la oportunidad” de deshacer la “deliberada confusión” de su declaración de independencia y regresar a la “convivencia armónica y la legalidad”.
Si Puigdemont no responde, se reafirma que sí declaró la independencia, o vuelve a ser poco claro, Rajoy activará el artículo 155 en el Senado, donde su partido (el conservador Partido Popular) tiene mayoría absoluta.
Hasta ahora ningún gobierno español ha utilizado los amplios poderes que concede ese artículo, que permite desde revocar un gobierno autonómico hasta controlar a la policía y los funcionarios locales.
Rajoy combinó ayer esta medida con una maniobra más conciliadora que se anunció en una comparecencia del líder del otro gran partido español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pedro Sánchez explicó que apoyaba la activación del artículo 155 si fuese necesario, pero que también había pactado con el presidente abrir una vía que diera satisfacción a las exigencias catalanas.
Sánchez anunció que una comisión parlamentaria estudiará durante seis meses la modernización del estado autonómico y, a continuación, se activará una reforma de la Constitución en la que podrían incluirse reivindicaciones fundamentales de los nacionalistas catalanes, como un eventual referéndum de independencia.
“Hemos compartido que ha llegado la hora de que impulsemos la reforma de la Constitución”, dijo el líder socialista, satisfecho por haber logrado que Rajoy acepte una concesión a la que se había opuesto férreamente.
Tanto Rajoy como Sánchez dejaron claro que lo que ocurra ahora será responsabilidad de Puigdemont.
“En función de lo que responda, será él el responsable de los mecanismos que active el Estado”, aseguró el líder del partido socialista.
Sin pronunciarse sobre estos requerimientos, el presidente catalán pidió ayer, en una entrevista con la cadena CNN, una primera reunión con el gobierno español para abordar el conflicto político, y propuso que ese contacto inicial sea, “por ejemplo, para nombrar un mediador”.
“Estamos en el punto donde lo más importante es que no haya condiciones para sentarse y hablar”, dijo. En una comparecencia posterior en el Parlamento, Rajoy descartó de nuevo que el gobierno español participe en ningún tipo de conversación mientras la Generalitat no renuncie explícitamente a la posibilidad de una declaración de independencia.
“No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia”, dijo el presidente del gobierno.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Rex Tillerson reiteró que su país “apoya una España fuerte y unida”.