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El gobierno de Cataluña se mantiene desafiante, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la justicia o el gobierno de España, por lo que el referéndum programado para el próximo 1 de octubre sobre su independencia continúa en marcha.
El Tribunal de Justicia de Cataluña anunció ayer la admisión de una querella contra el presidente regional, Carles Puigdemont, y su gabinete, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por convocar un referéndum de autodeterminación ya declarado ilegal por la justicia española.
La corte indicó que “ha estudiado esta tarde” la querella y “ha acordado su admisión”. Entre las medidas cautelares solicitadas en la querella figuraban exigir una fianza o embargar bienes a los implicados para asegurar las “responsabilidades pecuniarias”, advertir a medios que no acepten propaganda del referéndum o pedir a todas las policías, incluida la catalana, que intervengan el material destinado a la consulta.
El Tribunal Constitucional suspendió la noche del jueves el referéndum, al admitir a trámite recursos presentados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que alega que el futuro de una región española debe ser decidido por el conjunto de los españoles.
Sin embargo, “ante este tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia”, había dicho el jueves el presidente regional, quien quiere preguntar a los catalanes si desean que la región de 7.5 millones de habitantes y que representa 20% del PIB español se convierta en un “Estado independiente en forma de República”.
Puigdemont respondió ayer con un video en su cuenta de Twitter en el que llamó a los catalanes a participar en una gran manifestación el lunes, día de la Diada, la fiesta de Cataluña, en la que cada año se reúnen miles de personas. Frente a las “amenazas” y a la “persecución” y a la “utilización de infraestructuras del Estado” contra la democracia, el mandatario llamó a responder “a la catalana, de manera cívica, festiva y participativa”.
Como prueba de su determinación, el Parlamento catalán dominado por los separatistas aprobó la madrugada del viernes, luego de la decisión del Constitucional, la llamada “ley de transitoriedad”, que detalla el funcionamiento de la hipotética República catalana en caso de ganar el “sí”.
Al igual que las otras leyes aprobadas en la cámara catalana, la de transitoriedad será impugnada, anunció el portavoz el gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo.
