España vivió ayer una jornada histórica que marca la crisis constitucional más grande de su era moderna.
Por una parte, el Parlamento de Cataluña declaró su independencia del país europeo. En un voto secreto para evitar responsabilidades penales, 70 diputados apoyaron declarar la República catalana, 10 votaron en contra y dos en blanco.
Los 53 parlamentarios de partidos defensores de permanecer en España se ausentaron en bloque del hemiciclo.
En respuesta al anuncio independentista, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció la destitución de Carles Puigdemont, líder catalán; del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos los consejeros, a excepción de Santi Vila, quien había dimitido el día anterior.
Anunció la desaparición de las oficinas del presidente y del vicepresidente, así como de las llamadas embajadas de la Generalitat en el exterior, a excepción de la de Bruselas.
Además, decidió cesar al secretario general del Departamento de Interior, César Puig; al director general de la policía, Pere Soler; al delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, y de su representante en Bruselas, Amadeu Altafaj. En total, habrá más de 140 bajas. Rajoy también disolvió el Parlamento y convocó a elecciones para la región el 21 de diciembre, entre otras medidas.
Tras semanas de caos, la declaración de independencia llegó de la forma más esquiva.
Ante el temor a una pena de cárcel que podría ascender a los 30 años, Carles Puigdemont, líder catalán, evitó proclamarla él mismo. En su lugar, cedió el testigo al Parlamento regional.
Los diputados también quisieron minimizar la posibilidad de represalias legales, tras la advertencia de sus servicios jurídicos de que el texto no se podía votar debido a que la ley en la que se sostiene está anulada por el Tribunal Constitucional y decidieron que el voto fuera secreto.
No se sabe, por tanto, quién apoyó ayer la independencia que los políticos soberanistas reclaman desde el referéndum ilegal del 1 de octubre (en el que votó sólo 43% de la población) como un deseo mayoritario del pueblo catalán.
Lo que concretamente aprobó el Parlamento fue una resolución de los partidos nacionalistas que inicia “el proceso constituyente de la República catalana” que concluye “con la redacción y aprobación de la constitución de la República”.
En paralelo, el Senado español debatía en Madrid activar el artículo 155 de la Constitución, que autoriza al gobierno central a intervenir en Cataluña suspendiendo todos los elementos de su autogobierno necesarios para restaurar la legalidad.
Apenas 45 minutos después de la declaración de la República catalana, el Senado aprobó esta medida extraordinaria por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
Con esta potestad en la mano, la administración de Rajoy anunció la destitución de Puigdemont y todos sus consejeros.
“Responderemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”, anunció el presidente español.
“Los españoles estamos viviendo una jornada triste”, afirmó Rajoy. “Es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, para que puedan decidir su futuro y nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre”, agregó el mandatario.
Pedro Sánchez, secretario del Partido Socialista (PSOE), quien también apoyó en la Cámara Alta la aprobación del artículo 155, fue igualmente firme: “El Estado de derecho no puede ni debe tolerar
la secesión”.
Puigdemont no intervino en el pleno de la independencia, pero tras la votación pronunció un breve discurso en las escaleras del Parlamento. “Vienen horas en que a todos nos tocará mantener el pulso del país en la paz, el civismo y la dignidad, como ha pasado siempre”, expresó el líder catalán.
La expresión de Puigdemont y sus diputados distaba mucho de la alegría. La preocupación era patente en muchos rostros, un detalle en consonancia con el malestar que se viene filtrando desde hace días que reina entre los políticos independentistas, que saben que ni siquiera lograrán el reconocimiento internacional, por lo que el proyecto de un país propio parece abocado a una trayectoria breve.
El primero en confirmarlo fue Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. “Para la Unión Europea nada cambia. España es el único interlocutor”, anunció en Twitter.
También pidió a Rajoy proporcionalidad en la respuesta y evitar la violencia en el país.
La Asamblea Nacional Catalana, una de las organizaciones civiles que impulsa desde las calles el movimiento independentista, animaba ayer a los ciudadanos a celebrar el momento: “Hoy pasará a la historia por ser el día de nuestra independencia”.
Al mismo tiempo, pidió a sus partidarios prepararse para “defender la República. No caigamos en provocaciones, no a la violencia. Resistencia pacífica y gandhiana”.