Los independentistas catalanes dieron ayer en Barcelona una exhibición de su poder de convocatoria. “Alrededor de un millón de personas”, según la guardia urbana, se reunieron en la manifestación por la Diada, el día nacional catalán, pidiendo la celebración el próximo 1 de octubre de un referéndum de autodeterminación. La delegación del gobierno español en Barcelona redujo a 350 mil los asistentes.
Desde que hace cinco años comenzaron las tensiones independentistas, la Diada bate en cada edición su récord de asistencia anterior. En esta ocasión, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ya había indicado que la fiesta debía ser una prueba de la unidad de la sociedad catalana alrededor del proyecto de referéndum. Por eso, el evento fue bautizado como “La Diada del Sí”, en referencia al voto a favor de la soberanía.
Los pasos hacia una teórica independencia que ha dado Cataluña en la última semana tenían como objetivo culminar en el día de ayer con un acto simbólico. En sólo seis días el Parlamento Autonómico Catalán ha aprobado las leyes para convocar el referéndum el 1 de octubre y proclamar una república catalana a partir del día 2 si triunfa el sí en la consulta.
El Tribunal Constitucional español ya ha suspendido la mayor parte de estas leyes. También ha apercibido a los 948 alcaldes catalanes y a 62 altos cargos de la Generalitat y la policía autonómica, para recordarles que no deben participar en la organización del referéndum.
Los convocantes de la manifestación de ayer eran las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). En su discurso al finalizar el acto, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, garantizó que el 1 de octubre habrá urnas en Cataluña, y llamó a la “insumisión” contra los tribunales que intenten impedir la votación.
Muchos actores no independentistas de la política catalana criticaron a los convocantes de la manifestación por excluir de la fiesta del día nacional a todos los ciudadanos que no están alineados con el plan soberanista. Entre estos críticos está Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
El papel de Colau en el referéndum será importante. Por un lado, es favorable a la celebración de una votación sobre la independencia y ayer dijo que hará “todo lo posible para que los barceloneses puedan votar el 1 de octubre”; por otro, no apoya que este referéndum sea unilateral (convocado por el gobierno catalán, rompiendo la ley y sin la aprobación del gobierno de España) y no quiere poner al servicio de la consulta a funcionarios ni equipamientos del ayuntamiento (que reúne a 1.6 millones de los 7.5 millones de habitantes de Cataluña), porque esto podría ocasionar sanciones a trabajadores que están bajo su responsabilidad.
Neus Lloveras, la presidenta de la AMI, aseguró que 688 ayuntamientos cederán locales para el referéndum. “Escuchad a la gente. ¡Queremos votar!”, exigió a los alcaldes contrarios al plan. Algunos de ellos, como la alcaldesa de L'Hospitalet, pidieron ayer a Puigdemont que no los presione para que se involucren en un proceso que podría ocasionarles problemas con los tribunales.
A tres semanas del referéndum, el gobierno de España intenta impedir que se impriman las papeletas para votar, y la Generalitat incluso ha propuesto que los ciudadanos las confeccionen en sus casas. Ninguna organización internacional de consenso parece dispuesta a avalar la votación, y el gobierno catalán se desespera porque los apoyos exteriores que reúne no sobrepasan lo pintoresco (Julian Assange, Yoko Ono, Nicolás Maduro, el Nobel de la paz tunecino Ahmed Galai...).
A pesar de todos estos contratiempos, la sociedad catalana volvió a insistir durante la manifestación de ayer en su deseo de ir a las urnas, con cánticos de “Votarem, votarem” (“Votaremos, votaremos”).