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El conflicto institucional entre el Estado español y Cataluña dio ayer un paso más, con la decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) de denunciar por sedición a dos organizaciones independentistas, por los disturbios durante la operación para evitar el referéndum del 1 de octubre. Mientras que el gobierno de España desplazará más efectivos de la Policía y la Guardia Civil a la región para reforzar la seguridad.
Aunque la denuncia, suscrita por el teniente fiscal de la AN Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra ninguna persona en concreto, menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Detalla todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre, cuando una multitud se manifestó ante la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil por orden judicial llevaba a cabo un registro, y en el marco de una operación con 14 detenidos.
La denuncia de la fiscalía señala a la ANC y a Sánchez como responsables de organizar un turno de relevo de voluntarios, “conscientes de que dificultarían la intervención policial”, haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía. Explica que Sánchez pidió ante 40 mil personas que nadie se fuera a casa.
A Cuixart también le cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, precisa la denuncia, luego, al ver que no podía controlar la concentración, pidió a los manifestantes que se disolvieran.
“La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una República catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”, sostiene Carballo.
Según la fiscalía, se han impulsado “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”.
Tras conocerse la decisión de la fiscalía, la ANC vació su sede ante un posible registro de la Guardia Civil y desconvocó la concentración permanente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aseguró que tiene previstos todos los escenarios posibles hacia los que pueda evolucionar el conflicto con la administración de Cataluña, que mantiene su intención de celebrar el referéndum ilegal.
Comunicó a través del Ministerio del Interior que desplazará a Cataluña unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil para apoyar a las fuerzas de seguridad de la región (Mossos d’Esquadra) en el mantenimiento del orden público.
La medida responde a las “movilizaciones tumultuarias” de esta semana en Barcelona y busca “garantizar la ley y el orden y la tranquilidad de todos los catalanes”, explicó el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien añadió: “Es una reacción de firmeza y tranquilidad”.
La función de los agentes será “la vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden” en caso de que se produzca el polémico referéndum, informó el Ministerio del Interior, que no precisó el número de efectivos de refuerzo.
