El gobierno de Cataluña publicó ayer los datos oficiales de la consulta soberanista calificada de ilegal del pasado 1 de octubre, en el que según su recuento oficial hubo 2 mil 44 millones de votos favorables a la secesión, por lo que en teoría tiene 48 horas para declarar la independencia. Sin embargo, España aumentó la presión, al aprobar que se facilite la salida de empresas de la región.
De acuerdo con datos del gabinete catalán, el 1-O participaron en esa votación ilegal 2 mil 286 millones de personas (43% del censo), de las que 2 mil 44.038 votaron sí, mientras que 177.547 se decantaron por el no, otras 44.913 en blanco y 19.719 fueron nulos.
La llamada Ley del Referéndum, que el Parlamento regional catalán aprobó el 6 de septiembre y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional al igual que la convocatoria del 1-O, establecía que, una vez anunciados los resultados oficiales de la consulta, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) debía de hacerse efectiva en un plazo de 48 horas.
Ese plazo iría hasta el martes 10 y la Mesa del Parlamento regional, que es su órgano rector, fijó para ese día por la tarde una comparecencia ante el pleno del presidente catalán, Carles Puigdemont.
Fuentes de la coalición de gobierno Junts pel Sí (integrada por el centroderecha independentista PDeCat y la izquierda republicana ERC) aseguraron que el único punto de agenda del 10 de octubre es la comparecencia de Puigdemont. Sin embargo la CUP, el partido secesionista antisistema que apoya a la coalición de gobierno, indicó que ese pleno debe servir para ratificar los resultados del referéndum y declarar la independencia.
Sobre el papel, la comparecencia de Puigdemont sólo es para “informar de la situación política actual”, sin mención a la Ley de Referéndum suspendida por el Constitucional, ni a una eventual declaración unilateral de independencia.
Los grupos contrarios han advertido a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, que si el martes se altera el orden del día para incluir una declaración de independencia estará obligada a paralizar el pleno.
En el escenario de que Cataluña declarara su independencia, la administración de Mariano Rajoy podría hacer uso del “artículo 155”, un recurso extremo que daría las facultades al gobierno central de intervenir parcial o totalmente una región. Esta medida, nunca antes utilizada, conllevaría consecuencias como la posible disolución del Parlamento para convocar elecciones anticipadas en la región.
Las consecuencias económicas sobre la posible independencia de Cataluña son inciertas; sin embargo, las primeras secuelas sobre esta votación se han plasmados en los mercados financieros europeos.
El ministerio de Economía del gobierno de Mariano Rajoy adoptó ayer un decreto que facilita que las empresas catalanas saquen de la región su sede social.
El ministerio de Economía señaló que el decreto responde a “la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional”.
Multinacionales como Gas Natural Fenosa y bancos como Caixabank, el mayor de Cataluña, confirmaron su traslado a Madrid y Valencia, respectivamente, abriendo así el camino a otras compañías.
La fuga de empresas aumenta la inquietud entre una sociedad catalana profundamente dividida por la apuesta independentista.
En tanto, el ex presidente catalán, Artur Mas consideró que la región todavía no está preparada para “la independencia real”, en declaraciones para el diario británico Financial Times (FT).
Mas indicó que la región había “ganado el derecho a convertirse en un Estado independiente”, pero reconoció la existencia de un debate entre los líderes catalanes sobre si ahora es el momento de declarar de manera unilateral la independencia.
