San José. – Es una estructura que operó en secreto en Perú con testaferros, lugartenientes, licitaciones públicas fraudulentas, “lavado” de activos, encubrimientos, colusión agravada o… tráfico de influencias. Los sugestivos términos, sin embargo, tampoco describieron a un cártel del contrabando de drogas ni a una organización de secuestradores, sicarios, asaltantes en esquinas o ladrones de automóviles y bicicletas.
En minúsculas expusieron a una parte de la familia del presidente peruano, Pedro Castillo, en un escándalo de una denunciada corrupción política que en mayúsculas podría ser… “La Familia”: una trama tejida desde las alturas del poder por el mandatario desde que el 28 de julio de 2021 asumió su cargo para un mandato de 60 meses.
El Ministerio Público o Fiscalía de Perú determinó que, presuntamente, Castillo encabezó una “organización criminal” con apoyo de su esposa, la primera dama Lilia Paredes, sus cuñados—Yenifer, Wálter y David—y su principal núcleo de allegados en una supuesta agrupación delictiva para el enriquecimiento ilícito.
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Tras casi 24 horas como fugitiva, Yenifer se entregó el pasado miércoles. Castillo, por su parte, alegó repetidamente ser inocente.
Una encuesta que el (no estatal) Instituto de Estudios Peruanos y el periódico La República, de Lima, difundieron el 7 de este mes reveló que el 70% de los peruanos dijo que “no le cree nada” o solo poco a Castillo y el 26% que mucho o algo.
El 65% piensa que lo más conveniente para Perú es convocar a nuevas elecciones generales y el 66% que Castillo “no terminará” su gestión, mostró el estudio.
“Se hace mucho show mediático, para hacer creer que mi familia está en actos de corrupción. Ya pasó más de un año y no hay pruebas, solo supuestos. Sigan con su agenda mediática, nosotros seguiremos trabajando por el Perú”, tuiteó ayer Castillo, cuyo trato con Yenifer es como si fuera hija, “Sé que sacarán de todo para seguir golpeando a mi familia, a mis padres, hermanos, es parte de la lucha, pero no me van a doblegar. El caso de mi hija Yenifer, es parte de la vida política en el Perú y sé que junto a ustedes saldremos adelante para lograr un país más justo”, alegó.
No obstante, la Fiscalía acusó que, con Castillo como líder, la “organización criminal” se habría beneficiado indebidamente con la concesión de obras públicas, en una red en la que los cuñados y dos allegados—los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, ya presos—actuaron como testaferros, en maniobras ejecutadas con fondos del Ministerio de Vivienda.
La primera dama habría actuado como coordinadora del esquema criminal, con los Espino como dueños de empresas favorecidas con los contratos de obra pública, precisó.
“Corrupción del poder”, recalcó la Fiscalía, al justificar una ronda de operativos que lanzó esta semana contra Castillo y su núcleo más cercano.
La secuencia de hechos desplegada por la Fiscalía prolongó y recrudeció la profunda crisis política en torno al presidente peruano, intensificó los conflictos institucionales en Perú y ahondó las dudas sobre el futuro del mandatario.
En otros casos de aparentes irregularidades con recursos estatales en los que el mandatario está siendo procesado por la Fiscalía, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del gobernante, entraron este año al listado de prófugos de la justicia peruana.
La Fiscalía anunció ayer que abrió un sexto proceso judicial contra Castillo y ahora por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
Entre otras acusaciones planteadas en 2021 o 2022, el presidente está acusado de los supuestos delitos de encubrimiento, plagio de su tesis, ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, organización criminal, “lavado” de dinero, tráfico de influencias y colusión agravada.
“A diferencia de otras investigaciones fiscales, en esta su círculo más íntimo se ha visto comprometido”, indicó el miércoles el periódico El Comercio, de Lima. La esposa de Castillo y su cuñada son “presuntas integrantes de esa misma agrupación delictiva”, publicó.
En este contexto, Castillo ganó, en noviembre de 2021 y en marzo de 2022, dos procesos de vacancia o sustitución en el Congreso por “incapacidad moral”.
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Amenaza latente
La sombra de la renuncia obligada o voluntaria de Castillo o vía destitución del Congreso, siguió sobrevolando en el confuso panorama de ese país en el que seis de los nueve predecesores del presidente quedaron marcados por denuncias de corrupción y otros delitos.
De Alberto Fujimori (1990—2000), Alejandro Toledo (2001—2006) y Alan García (1985—1990 y 2006—2011) a Ollanta Humala (2011—2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016—2018) y Martín Vizcarra (2018—2020).
Kuczynski dimitió antes de ser destituido por el Congreso. García (1949—2019) se suicidó en su casa en Lima cuando la policía llegó a capturarlo por denuncias de corrupción. Vizcarra fue destituido por el Congreso.
En defensa de Castillo, cuyo primer año de gobierno se caracterizó por las renuncias y cambios en su gabinete, el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, declaró en Lima que “nuestro sistema de justicia se ensaña con el presidente, porque no le gusta que escuche al pueblo, gobierne con el pueblo, le haga participar en la toma de decisiones”.
La abogada peruana Eliana Revollar, jerarca de la (estatal) Defensoría del Pueblo, reprochó los alegatos de Castillo de que en las indagaciones de la Fiscalía en su contra “hay motivación política”.
“En un contexto de lucha contra la corrupción”, todas las instancias públicas deben “velar” porque haya “un correcto funcionamiento” institucional y “separación de poderes”, añadió, en una advertencia directa a Castillo.
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció el miércoles anterior que “he tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales” sobre el presidente y su grupo de parientes y allegados ubicados en… la familia.
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