San José.— La orden de detención domiciliaria que la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió en su contra le demostró al ex presidente y ex senador Álvaro Uribe que nadie puede considerarse “intocable”, aseguró el jurista colombiano Reinaldo Villalba, presidente del (no estatal) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Bogotá, e interviniente en la causa judicial del exgobernante.
En una entrevista con EL UNIVERSAL, Villalba explicó que “es la primera vez en el país que un expresidente de la República es puesto en detención preventiva por orden judicial. Viene esta orden contra una persona que la sociedad consideraba intocable por la administración de justicia”.
Al imponerle casa por prisión, la Corte “no sacrificó la independencia judicial, pilar de un Estado de derecho y de una democracia y [anunció] que se atendrá a lo que encuentre, probatoriamente, para tomar sus decisiones”, destacó.
Con el castigo que impuso el 4 de agosto pasado a Uribe en una investigación por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, la Corte “no cedió a las presiones de las que fue objeto”, aclaró.
El asedio surgió de “integrantes del partido de gobierno [Centro Democrático] y del propio presidente de la República, Iván Duque] y de otros sectores de la política colombiana que emitieron opiniones para presionar por una decisión judicial en favor de Uribe”, subrayó.
Duque y poderosos grupos leales a Uribe insistieron en que el exjefe de Estado tiene derecho a defenderse en libertad.
“El procesado ataca a la Corte de una forma absolutamente irrespetuosa. Se mantienen esos ataques a la Corte porque se quiere afectar la independencia judicial”, alertó Villalba, defensor del senador colombiano Iván Cepeda, considerado “víctima” en el caso en torno a Uribe.
Dirigentes políticos colombianos y venezolanos adujeron que el arresto del exmandatario es una conspiración impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con fuerzas izquierdistas de América Latina y el Caribe, para socavar la democracia y las instituciones de Colombia.
Tras soltar una carcajada ante la insinuación, Villalba, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de París, contestó que “es totalmente absurdo” acusar al gobierno de Venezuela de gestar una conjura para acorralar judicialmente a Uribe—enemigo del chavismo—y lograr la desestabilización política e institucional de Colombia.
“Es una absurda conclusión. Esto no tiene que ver absolutamente nada con Venezuela. Lo que está pasando en Colombia sencillamente es que hay una persona que está siendo procesada por la máxima corte penal del país y que ese alto tribunal tomó una decisión privándola de la libertad. Eso tiene que ver con una situación eminentemente colombiana. Eso es todo”, recalcó.
Una consecuencia del fallo de la Corte, pronosticó, es poder lograr “avances importantes” en otras causas sobre “responsables de graves violaciones de derechos humanos”.