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Tegucigalpa.— “Aquí es muy fácil que a uno lo maten... Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”. Una de las frases más célebres de la activista hondureña Berta Cáceres terminó siendo premonitoria.
Perteneciente a la etnia Lenca, Cáceres fue asesinada la medianoche del 2 de marzo de 2016. Más de tres años después, ayer llegaron las condenas, a 50 años de cárcel, a cuatro hombres por aquel crimen. Otros tres implicados fueron sentenciados a penas de 30 años de prisión.
El Tribunal de Sentencia leyó la resolución tras encontrado culpables a los señalados el 29 de noviembre de 2018. Los encausados fueron capturados en la Operación Jaguar entre mayo de 2016 y febrero de 2017. “Fueron encontrados culpables no sólo de asesinato, sino también de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y se les aplicaron penas intermedias”, dijo a The Associated Press la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.
Detalló que a Elvin Heriberto Rápalo, Oscar Torres Velásquez, Edilson Atilio Duarte y Henry Javier Hernández se les condenó a 34 años de cárcel por asesinato y 16 años por tentativa de asesinato, lo que da un total de 50 años de reclusión. En el caso de Sergio Ramón Rodríguez, Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez se les impuso una pena de 30 años con seis meses de prisión por asesinato, al participar como coautores del hecho consumado. Las partes tienen un plazo de 20 días para apelar. A la fecha suman nueve personas detenidas por el crimen de la ambientalista, dos de ellas todavía a la espera de la conclusión de su proceso judicial.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora en 2015 del Premio Goldman, fue una firme opositora a la construcción, por parte de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), de una hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, en territorio indígena. Recibió amenazas, que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pedir medidas cautelares de protección. Pero aquella noche, Cáceres fue asesinada a balazos en su casa. Con ella estaba el ecologista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido y se convirtió en el único testigo del crimen.
