Washington.— El gobierno de Donald Trump cumplió su amenaza y oficializó el cambio en la política de solicitud de asilo, una maniobra dirigida a disuadir a aquellos inmigrantes —especialmente los centroamericanos— que tratan de llegar a Estados Unidos para solicitar este amparo. La nueva normativa sólo permite solicitar asilo en puertos de entrada, y no en cualquier lugar del país.
Trump lleva semanas diciendo que los inmigrantes están “abusando” del sistema de asilo. Su discurso antiinmigrante se radicalizó en vísperas de las elecciones legislativas del martes, centrando su ira contra las caravanas migrantes.
“La mayoría de extranjeros que entran ilegalmente hoy en día vienen de los países del Triángulo Norte [Honduras, Guatemala, El Salvador], y buena parte de ellos afirman tener miedo creíble. Canalizarlos a través de los puertos de entrada los animará a primero ver las opciones de asilo que ofrece México”, señala la nueva directiva. En junio, el entonces fiscal general Jeff Sessions emitió una normativa en la que eliminaba razones de violencia doméstica o de pandillas como justificantes para solicitar asilo.
“Nuestro sistema de asilo está sobrepasado con demasiadas solicitudes injustificadas de extranjeros que ponen una traba tremenda a nuestros recursos, evitando que podamos expedir y garantizar asilo a aquellos que realmente lo merecen”, dijeron ayer en un comunicado los máximos responsables del Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional.
Las asociaciones proinmigrantes dicen que la ley federal permite pedir asilo en cualquier punto del territorio estadounidense, independientemente de cómo se haya entrado al país. El gobierno busca alegar que Trump tiene autoridad para decidir qué inmigrantes entran en función de si son “perjudiciales para los intereses de EU”. Se espera que el mandatario emita hoy una proclama que aclare todos los detalles de su implementación.
La batalla judicial está más que preparada, y la American Civil Liberties Union (ACLU) ya dijo que demandará al gobierno.
La pelea se parecerá a la de políticas antiinmigrantes anteriores, como el veto migratorio o la rescisión del programa DACA que protege de la deportación a jóvenes indocumentados. En este último caso, la administración Trump recibió ayer un revés judicial, después de que una corte de apelaciones decidiera que la suspensión del DACA fue “arbitraria y caprichosa” bajo las leyes actuales.
