San José. – En el ránking de América y con el alud de arrestos al amparo de un estado de emergencia para atacar a las maras o pandillas juveniles, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, colocó en 2022 a El Salvador en el primer puesto de personas sometidas en menos tiempo a la prisión preventiva oficiosa o justificada: más de 50 mil… solo de marzo a agosto.
Aunque el caso salvadoreño exhibió este año situaciones extremas sin precedentes en cinco meses en el continente, la cárcel preventiva —oficiosa o justificada— se convirtió en El Salvador en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió desde 2017 como “un problema crónico” en América por su aplicación arbitraria e ilegal.
El debate recobró fuerza en 2022 por la polémica en la Suprema Corte de Justicia de México, que podría definirse mañana, sobre el futuro de un instrumento que, como enviar a prisión provisional o preventiva por orden judicial, fue utilizado de variadas formas en América.
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México mantiene, vía constitucional, un listado de delitos en los que, de manera automática, los presuntos culpables —y sin sentencia— deben sufrir prisión preventiva.
Los defensores del mecanismo, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, aducen que es una ruta para evitar que una persona siga delinquiendo y garantizar que comparezca ante la ley. Los detractores alegan que provoca abusos y permite que encarcelamientos por muchos años, sin juicios ni condenas.
“Resulta preocupante y un tanto hipócrita por parte del presidente decir que se trata de un gobierno que quiere defender a los pobres, cuando la realidad es que este uso excesivo de la prisión preventiva termina perjudicando por lo general en mayor medida a quienes menos tienen”, dijo la venezolana Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, grupo no estatal global de Washington de defensa de derechos humanos.
López Obrador defendió la prisión preventiva para evitar liberar a “los que tienen” dinero e influencia y a delincuentes peligrosos que amenazarán “la vida de servidores públicos”.
A consulta de EL UNIVERSAL, Taraciuk calificó de “muy preocupante” lo que ocurre en México, porque “casi la mitad de la población penitenciaria se encuentra en prisión preventiva”. Cifras oficiales precisaron que en México hay 228 mil 254 presos.
“La prisión preventiva excesivamente usada (en América) contribuye a la sobrepoblación carcelaria, al hacinamiento y a malas condiciones en detención”, aseveró.
“No puede ser prisión preventiva automática: se debe justificar por qué la privación de la libertad de la persona acusada de un delito es necesaria” ante el temor de fuga del acuso y obstrucción de la justicia, añadió.
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Son miles
De 1993 a 1995 hubo 85 mil 646 hombres y mujeres en prisión preventiva en una población penal de 239 mil 857 personas en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, según datos de gobiernos y organismos estatales y no estatales.
Con números de 2015 a 2018 de World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Reino Unido, el total de reclusos en prisión preventiva en los 11 países llegó a 390 mil 193 en ese periodo.
El total en prisión preventiva en América subió 69% en 20 años previos a 2018, precisó un informe de 2019 de grupos no estatales: Washington Office on Latin America, de Estados Unidos y defensa de derechos humanos, Dejusticia, centro jurídico y social de Colombia, e International Drug Policy Consortium, de Reino Unido y red mundial sobre drogas.
La práctica se agravó en 2022 en El Salvador, donde Bukele implantó, desde marzo anterior, un estado de emergencia por la oleada de homicidios y violencia de la que culpó a las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18).
“La pérdida de libertad debe ser la excepción y no la regla”, alegó, basado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de El Salvador de derechos humanos.
Bukele “secuestró la institucionalidad y aprobó y echó a andar el régimen de excepción”, adujo Cuéllar a este diario, al denunciar “gran número de violaciones de derechos humanos”.
Con más de 50 mil arrestos este año en El Salvador, “mucha gente continúa aplaudiendo la puesta en marcha de esa extrema política punitiva estatal, que responde al flagelo de la violencia pandilleril y el sufrimiento” que causa en los estratos sociales “más desfavorecidos” de ese país, argumentó.
“La celeridad y la cantidad de detenciones realizadas le coloca grandes y serios signos de interrogación a la calidad de las investigaciones” para justificar las capturas, indicó.
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