San José.— En la campaña que remató con su triunfo electoral en noviembre de 2020, Joe Biden prometió que como presidente anularía “inmediatamente las draconianas” o crueles políticas migratorias de Donald Trump con guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, y que atacaría la miseria y la inseguridad que alientan las caravanas de migrantes sin visas de Guatemala, Honduras y El Salvador a Estados Unidos.
El diario The Washington Post desgranó ayer algunas de las ideas principales del plan de Biden, que incluye una vía de ocho años para que los migrantes obtengan la ciudadanía y que será enviado el miércoles al Congreso, el cual debe aprobarlo.
La idea es permitir que los migrantes sean elegibles para la residencia legal permanente después de cinco años de radicar en Estados Unidos, si cumplen con ciertos requisitos, como una revisión de antecedentes y el pago de impuestos. Podrían aplicar a la ciudadanía tres años después. Otro de los requisitos para calificar, que busca evitar oleadas migratorias, es que los solicitantes estén en ese país desde el pasado 1 de enero, por lo menos.
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Los nuevos migrantes no podrían aplicar al plan de Biden. Los beneficiarios del programa DACA: los jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, llevados por sus padres, así como los receptores del TPS, el programa para migrantes provenientes de naciones afectadas por desastres naturales, podrían solicitar la residencia legal de inmediato, explicó el Post, que se basó en información de funcionarios del equipo de transición.
Aunque el cierre de fronteras para enfrentar el Covid-19 contuvo parcialmente el flujo de viajeros irregulares de Centroamérica, Cuba, Haití, África y Asia a México y Estados Unidos, Biden asumirá el timón de la Casa Blanca enfrentado a la reedición de los líos migratorios ante la agudización regional de la crisis socioeconómica por la pandemia, como las caravanas que salieron en la primera quincena de enero de 2021 desde Honduras.
Trump “dejó un legado desastroso” y “un enfoque miope en la migración”, aseguró la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), institución no estatal que evalúa los derechos humanos en el Hemisferio Occidental.
En un reporte sobre los desafíos de Biden al llegar a la Oficina Oval, WOLA indicó que, con “los números de migración incrementando” desde mediados de 2020, Biden y el Congreso “deben moverse rápido” para acabar con “los ataques mortales de Trump contra los solicitantes de asilo”.
“Biden tampoco podrá abrir las puertas a los migrantes”, aclaró la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del (no estatal) Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala.
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“Se busca una reforma migratoria más humana, sin represión y sin permitir que masas de migrantes entren a Estados Unidos. No cambiará radicalmente la posibilidad de ingreso, que no va a querer abrir fronteras ni que se interprete que el cambio implica que podrá entrar cualquiera, de forma ilegal, o que el país será menos duro con los migrantes”, dijo De León a EL UNIVERSAL.
Recursos
Biden garantizó que atacará los problemas de pobreza, violencia e inseguridad como raíces del drama migratorio y que propondrá un plan de asistencia socioeconómica por 4 mil millones de dólares para Centroamérica, con énfasis en Guatemala, Honduras y El Salvador como Triángulo Norte, para desestimular el surgimiento de las movilizaciones que, por vías ilícitas, pretenden ingresar al país desde México.
“Quizás [con Biden] desaparezcan las condiciones infrahumanas y casi de campos de concentración y de tortura que Trump estableció”, alegó la comunicadora social guatemalteca Iduvina Hernández, directora ejecutiva de la [no estatal] Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, de Guatemala. Al recordar que en el gobierno de Barack Obama (2009-2017) hubo deportaciones masivas de centroamericanos, Hernández explicó a este diario que las expulsiones continuarán porque “no es la llegada de un nuevo gobierno lo que va a modificar eso. La persecución a la migración irregular continuará”.
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“Deseable que [Estados Unidos] deje de usar de policía migratoria a los gobiernos de Centroamérica y que dejen de ser éstos violadores de sus propios tratados de movilidad interna”, dijo.
Junto a Nicaragua, el triángulo arrastra décadas de injusticias sociales, dictaduras, militarismo, corrupción e impunidad y en los cuatro, con cifras actualizadas de 40.9 millones de habitantes a 2021, más de la mitad de sus pobladores subsisten en la miseria y la exclusión y engrosan las expediciones de marginados centroamericanos que optan por lanzarse a una peligrosa travesía terrestre hacia México y esa nación.
Una mezcla de cálculos oficiales y extraoficiales mostró que, legal o ilegalmente, en Estados Unidos viven unos 7 millones de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que en 2020 aportaron unos 22 mil millones de dólares a las economías de sus países en remesas familiares tras enviar 21 mil 681 millones de dólares en 2019.