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La Corte Penal Internacional (CPI) informó ayer que abrió una investigación preliminar sobre el presunto uso de “fuerza excesiva” por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela desde abril del año pasado.
El gobierno venezolano rechazó de “manera firme y categórica” la apertura del caso y se mostró sorprendido por “la ausencia de una comunicación oficial” de la CPI.
Sin esa comunicación, agregó la cancillería en un nota oficial, se altera “el principio del debido proceso” por “los infundados alegatos" del uso de la fuerza excesiva durante las manifestaciones callejeras del 2017 en las que murieron al menos unas 125 personas. “El pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas (...) por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el gobierno”, acota el comunicado de la Cancillería.
La CPI confirmó además otra pesquisa sobre los presuntos asesinatos de miles de personas en la “guerra contra el narcotráfico” de Filipinas, impulsada desde julio de 2016. Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, subrayó las acusaciones de que en las protestas venezolanas de 2017 “se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición... algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”.
También aludió a informes de que manifestantes recurrieron a la violencia, lo que habría resultado en “lesiones o muertes de miembros de las fuerzas de seguridad”.
Javier Cremades, abogado del opositor venezolano Leopoldo López, calificó la decisión de la CPI de “gran victoria para todos aquellos que estaban denunciando que el régimen de Maduro está cometiendo torturas y otros atropellos”.
Human Rights Watch también se alegró del “mensaje contundente” de la CPI.
