Bruselas.- A pesar de erosionar la democracia mexicana, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los partidos políticos en su conjunto mantienen una posición de indiferencia ante la presión ejercida por las redes criminales en los procesos de elección popular.
En vez de cerrar filas ante la violencia política, el enfoque que ha prevalecido ha sido el de preservar los intereses partidistas y no la integridad de los procesos electorales y la seguridad de los candidatos, precandidatos y excandidatos.
Esa es la lectura que tienen los expertos convocados por el International Institute for Strategic Studies (IISS) para explorar el complejo nexo entre el narcotráfico, el crimen organizado, la captura del Estado y los procesos electorales en América Latina.
"En México los partidos políticos han sido negligentes y prácticamente no han hecho nada", afirma Mónica Serrano, investigadora asociada del IISS de Londres.
Afirma que pese a la violencia y los riesgos que enfrentan algunos candidatos, los partidos suelen mantener sus apuestas de campaña tratando de capitalizar las tragedias en lugar de tomar acciones dirigidas a impartir justicia y garantizar la no repetición.
"Ni la autoridad electoral, ni los partidos políticos están haciendo algo para evitar que el candidato sea perseguido por la delincuencia organizada o los actores criminales busquen una carrera política".
Si bien es difícil detener la tendencia, por el poderío de fuego y económico de los grupos delictivos, Serrano sostiene que hay instrumentos que podrían servir como mecanismos de contención.
Pone de ejemplo el modelo italiano. En el país europeo, los candidatos bajo sospecha de tener vínculos con la mafia son apartados de la contienda electoral para permitir la actuación de la justicia. Simultáneamente, el cargo público en disputa es congelado hasta aclarar la situación.
De acuerdo con datos divulgados durante el foro digital, de enero a marzo, 28 candidatos sufrieron ataques, de los cuales 16 murieron, siendo Guerrero el más violento.
Los estudiosos aseguran que los candidatos más expuestos son los que aspiran a ocupar la jefatura municipal debido a que es el cargo de mayor utilidad para el narco.
Son los que facilitan las operaciones volteando hacia otro lado. Además, sus tarifas ante el soborno son menores a las de oficiales estatales y federales.
"La dimensión local es más importante que la federal, de allí que el caso de García Luna (jefe de la ahora disuelta Agencia Federal de Investigación procesado en Estados Unidos por varios delitos relacionados con narcotráfico) sea la excepción en América Latina", dice Raúl Zepeda Gil, sociólogo y politólogo de la Universidad de Oxford.
El investigador afirma que la intromisión del narco en los procesos electorales no tiene el objetivo de hacerse del control político; como ocurrió en el pasado con los grupos insurgentes. La finalidad es moldear las políticas para preservar o amplificar el negocio criminal.
"La participación del crimen organizado en la política de América Latina está dirigida a cambiar la política del gobierno y no a gobernar".
El fenómeno tampoco es aislado, forma parte de varias dinámicas de contención para preservar el negocio ilícito. Estas incluyen el asesinato de policías, fiscales, jueces, periodistas y activistas.
"Los comicios representan una oportunidad cíclica y que va a la par de otros crímenes".
"Debe verse en un contexto de mercado y de disputas por el control. Las elecciones locales, regionales y federales son una buena oportunidad para cambiar los acuerdos políticos. Son espacios que se abren, en los que la delincuencia puede reorganizar los acuerdos del pasado".
Zepeda anticipa más ataques rumbo a las elecciones del 2 de junio, principalmente en el sur y en zonas petroleras y de gran actividad minera.
Durante el diálogo celebrado por el IISS, los analistas hablaron sobre el tema de la militarización y su uso político en temporada electoral. La tendencia en América Latina es una en expansión ante la popularidad de las Fuerzas Armadas entre el electorado. En México el 72% de la población confía en el Ejército.
"Son populares porque la gente piensa que son la solución a todo. Se les ve como una enorme fuerza logística y no corruptible, pero no es así, hay corrupción y mala gestión", indica Zepeda.
Pone como ejemplo el caso del Gobierno de López Obrador, que ha usado a las fuerzas de la nación para construir muros, carreteras, aeropuertos y trenes, así como para repartir libros y vacunas.
"México tenía el mejor índice de vacunación en todo el Continente; pero con AMLO por primera vez en la historia el indicador cayó, ahora hay una crisis de rubeola, reporta la autoridad sanitaria".
Insiste en que el problema radica en la concentración de las tareas públicas en manos de los uniformados y la ausencia de supervisión de una autoridad civil.
En cuanto al programa federal de protección de candidatos, los analistas indicaron que a la fecha ha incumplido su objetivo debido a que solo puede ser activado cuándo hay amenaza, y por lo regular entra en operación muy tarde.
Como ilustración se habló del caso de Bertha Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya asesinada en un acto de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan.
Los participantes sostuvieron que por su posición estratégica y su papel en el tráfico de narcóticos, Colombia, México y el Triángulo Norte de Centroamérica, han sido tradicionalmente los más afectados por la violencia criminal en tiempo electoral.
Sin embargo, hay focos rojos emergentes, particularmente en Ecuador, Paraguay y el norte de Brasil. Los reportes apuntan a formas de infiltración criminal en la política y las instituciones estatales.