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Guerra total entre la administración del presidente Donald Trump y el estado de California por las jurisdicciones santuario. Discursos envenenados e insultos volaron de un lado hacia otro en el primer día tras la oficialización de la demanda del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, contra el estado más poblado del país, bajo la acusación de entorpecer las políticas migratorias con leyes “inconstitucionales”.
Sessions fue hasta California para atacar a los políticos estatales, planteando la batalla como una emulación de la Guerra Civil y haciendo referencias a Lincoln y los secesionistas. “Simplemente estamos pidiendo a California y otras jurisdicciones santuario que dejen de obstruir de forma activa las fuerzas de seguridad estatales”, explicó.
Las autoridades californianas no lo toman de esa forma, y consideran la demanda judicial un “golpe bajo”, una “extorsión” hacia un estado convertido en el gran opositor de las medidas antiinmigrantes de Trump.
Gran parte de la ira de Sessions fue directa contra la alcaldesa de Oakland, la demócrata Libby Schaaf, acusándola del fracaso de una redada de las fuerzas migratorias por avisar a sus conciudadanos de que se iba a realizar. “¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a poner en peligro la vida de los agentes de seguridad al proponer esa agenda radical de fronteras abiertas?”, se preguntó.
Sessions no dudó en pasar al ataque, en un discurso más agresivo de lo que es habitual en él. “California está usando todo su poder y el que no tiene para impedir la aplicación de la ley federal. Así que, pueden estar seguros, voy a utilizar todos los poderes a mi disposición para detenerlos”, aseguró.
De momento ha interpuesto una demanda judicial, último paso en la cruzada de la administración contra las jurisdicciones santuario. Según el gobierno federal, tres leyes estatales impiden que las fuerzas migratorias hagan su trabajo en California, por lo que las considera inconstitucionales y que ponen el riesgo no sólo a los oficiales sino a las comunidades. Las leyes en cuestión limitan severamente la cooperación que la policía puede brindar a las autoridades migratorias y también prohíben a las empresas privadas cooperar.
Las acusaciones, según el fiscal general californiano Xavier Becerra, simplemente “no son verdad”. “Estamos en el negocio de la seguridad pública, no en el negocio de la deportación”, advirtió Becerra, preparado para pelear en las cortes y defender los derechos de los 3 millones de indocumentados que se calcula que viven en su estado.
El gobernador de California, Jerry Brown, no dudó en pasar al insulto ante tal “declaración de guerra”. “La administración Trump está llena de mentirosos”, escupió, en referencia a los acusados por la trama rusa. Brown exigió a Sessions que “pida perdón” por las “mentiras salvajes” expuestas en su justificación por la demanda judicial y por la “mendacidad”, “discordia” y “división” que arrastró consigo desde Washington hasta Sacramento, capital californiana.
El gobernador insinuó que el ataque a California por sus políticas en favor de los migrantes es simplemente una “artimaña” publicitaria, “carnaza para conformar a su base” y “hacer feliz a Donald” Trump.
El ideólogo de la ley de estado santuario que entró en vigor el 1 de enero de este año en territorio californiano, el senador estatal Kevin de León, fue más agresivo todavía. “Vamos a hacer todo lo posible para deportar al fiscal general de este gran estado”, dijo en declaraciones al canal Univision.
De León, que este noviembre aspira a una curul en el Senado de Wa-shington, aseguró que la acción del gobierno federal no es más que una de las “maniobras por parte de un presidente racista que sigue haciendo todo lo posible para dividir”.
