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El gobernador de California, Jerry Brown, promulgó el jueves una ley sobre las " ciudades santuario " que amplía las protecciones para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, dando al estado más poblado de la nación otro recurso para resistir la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración no autorizada.
Bajo la ley que entra en vigor el primero de enero, la policía local no podrá increpar a personas sobre su status migratorio ni podrá participar en actividades en las que se apliquen leyes migratorias.
Los guardias de cárceles solo podrán entregar prisioneros a las autoridades federales de inmigración si es que los presos han sido hallados culpables de ciertos delitos.
En California viven unos 2.3 millones de inmigrantes sin autorización legal.
"Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias. Esta ley ofrece un equilibrio que protegerá la seguridad pública, a la vez que brinda un poco de alivio a esas familias que ahora viven con temor todos los días", dijo Brown en un comunicado.
La propuesta fue en respuesta a temores generalizados entre inmigrantes que comenzaron luego de que Trump resultó electo. El presidente arremetió contra los inmigrantes en su campaña y prometió fomentar fuertemente la deportación de inmigrantes sin autorización.
Los demócratas esperan que limitar la cooperación de los policías locales restringirá el alcance de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
La medida presentada por el líder de la bancada mayoritaria del Senado, Kevin de León, demócrata de Los Ángeles, fue aprobada por la Legislatura solo con votos demócratas. Los republicanos dijeron que la nueva ley protegería a delincuentes y que dificultaría la tarea de los agentes del orden para mantener la seguridad de las personas.
Inicialmente, la propuesta hubiera restringido bastante la autoridad de los policías para cooperar con las autoridades federales de inmigración, pero, a insistencia de Brown, fue enmendado para permitir cooperación en las cárceles.
Los policías y agentes del sheriff, incluyendo los que trabajan en las cárceles, podrán seguir trabajando con las autoridades federales de inmigración si es que una persona ha sido hallada culpable de uno de unos 800 delitos, mayormente delitos graves y delitos menores que pueden ser aplicados como delitos graves, pero ellos no podrán entregar inmigrantes a las autoridades federales si es que solo tienen delitos menores en su historial delictivo.
lsm
