Cali.— Los militares reforzaron ayer la seguridad en Cali, la tercera ciudad de Colombia, ante la violencia que cobró el viernes la vida de 13 personas en el marco de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque.
“Todavía no podemos precisar si todas las muertes que hemos tenido el 28 de mayo están vinculadas y asociadas integralmente al proceso de las protestas”, explicó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aludió a que la fiscalía reportó 13 homicidios y es la que debe investigarlos y dar respuestas.
“Sin embargo, no cabe duda que un número muy importante de las muertes que hemos tenido el 28 de mayo han sido asociadas a eventos de movilización ciudadana”, añadió.
La policía, que reporta 10 homicidios, sólo vincula tres con las protestas y el resto “estarían relacionados con ajustes de cuentas entre estructuras delincuenciales, intolerancia y sicariato”. El alcalde también denunció los actos de “vandalismo puro e irracional” contra inmuebles privados y públicos.
El director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el general Fernando Murillo, explicó que “se presentó una situación especial donde unas personas de civil utilizaron unas armas de fuego indiscriminadamente contra otras personas”.
Apenas unos pocos vehículos y personas se veían en las calles donde la víspera se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles.
Restos de barricadas y grandes cantidades de escombros reflejan el caos que envolvió a esta ciudad de 2.2 millones de habitantes, bajo toque de queda nocturno. Al menos 13 personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre, que estaba fuera de servicio, y lo linchó, según el ente investigador.
Ocho de los decesos fueron por arma de fuego, según la policía. En un mes de protestas masivas murieron por lo menos 59 personas, incluidos los 13 fallecidos del viernes.
Los heridos superan los 2 mil 300 entre civiles y uniformados, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. La ONG Human Rights Watch asegura haber recibido “denuncias creíbles” de 63 muertes, 28 de ellas relacionadas con las manifestaciones.
Duque ordenó el despliegue de tropas bajo la figura de la asistencia militar, que faculta al Ejército a apoyar a la policía en tareas de control.
Son en total mil 141 militares que asumirán la vigilancia de Cali. En un decreto firmado la noche del viernes, el mandatario activó un dispositivo de apoyo militar de unos 7 mil hombres para ocho departamentos afectados por bloqueos viales.
Desde el 28 de abril a diario se movilizan multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.
El viernes la jornada fue particularmente violenta en Cali. La policía aseguró que investigará a los uniformados que fueron “permisivos con la actuación de civiles armados”.
La ONU insistió en “la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos”.
Colombia pasa por un inédito levantamiento popular que detonó una propuesta de Duque para aumentar los impuestos a la clase media, con el fin de tapar el hueco fiscal dejado por la pandemia. El mandatario cedió y archivó la iniciativa; sin embargo, la violencia policial agravó el malestar social.
El gobierno evita condenar abiertamente la represión policial y asegura estar enfrentando vandalismo y “terrorismo urbano de baja intensidad”. También ha denunciado que grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico infiltraron el movimiento de protesta.
Además, las autoridades siguen buscando a 123 personas reportadas como desaparecidas en las protestas, pero organizaciones como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos asegura que falta por encontrar a 327.
