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San Jósé.— El Ministerio Público de Costa Rica abrió ayer una causa penal para investigar la presunta negociación entre autoridades costarricenses y la mafia del narcotráfico para disminuir el número de homicidios que produce la guerra entre bandas.
La investigación se anunció después de que el periódico EL UNIVERSAL publicara la nota “Narcotráfico se afianza en Costa Rica”, en la que se señala que el país centroamericano atraviesa una de las más graves crisis por la penetración de los cárteles mexicanos de la droga y que fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia, que por seguridad evitaron dar su nombre, advirtieron de la eventualidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Según estas fuentes, las negociaciones habrían tenido como fin reducir la cantidad de homicidios a cambio de permitir el trasiego de drogas.
“De momento el caso se investiga por el presunto delito de incumplimiento de deberes, sin perjuicio de que, conforme avance el proceso penal, se pueda establecer alguna otra presunta calificación legal”, explicó la Fiscalía costarricense por medio de un correo electrónico obtenido por EL UNIVERSAL.
El Ministerio Público destacó que, hasta el momento, en el expediente 23-000069-0033-PE “no existe alguna persona individualizada como sospechosa”.
Diputados de oposición exigieron explicaciones al gobierno de Rodrigo Chaves tras la publicación de EL UNIVERSAL.
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, calificó como “absolutamente inaceptable y contrario a todo el trabajo que se ha realizado en materia de seguridad” la posibilidad de entablar negociaciones con el crimen organizado, reportó La Nación. Arias instó al gobierno costarricense a dar explicaciones exhaustivas ante la gravedad de los señalamientos y exhortó al Ministerio Público a llevar a cabo una investigación minuciosa para determinar si se ha cometido algún delito.
También planteó la necesidad de que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso realice una investigación sobre el tema.
Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de Costa Rica, también señaló la necesidad de una aclaración por parte de la administración.
A las reacciones se sumó la exmandataria Laura Chinchilla, quien en su cuenta de X (antes Twitter) calificó la publicación como “la más grave denuncia que haya visto”, e instó a las autoridades judiciales, diputados, periodistas y ciudadanos a no dejar pasar el tema. “Costa Rica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países. Negociar con criminales es moral, política y legalmente repudiable, pero sobre todo es traicionar a nuestra patria”, indicó.
“Patraña absurda”
El presidente Chaves calificó de “patraña absurda” la información publicada por EL UNIVERSAL. Apuntó a la Operación Soberanía, que el gobierno costarricense afirma ha sido un golpe para “las mafias colombianas y los cárteles mexicanos”.
“Decir que después de haber hecho eso estamos negociando es como decir que… es una patraña absurda. Yo no sé por qué lo publicaron”, dijo Chaves.
En un comunicado, la Presidencia de Costa Rica subrayó que “no existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos. No es parte del accionar del gobierno negociar con narcotraficantes para bajar los índices de violencia o asesinatos”.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, calificó de “absolutamente falso” que el gobierno haya negociado con narcotraficantes y dijo que ya se giraron instrucciones para “presentar una denuncia formal ante la fiscalía, para que se investigue hasta las últimas consecuencias esta publicación calumniosa”.
