La acción suele realizarse por la noche. El pago es alto, puede llegar a 50 mil dólares, (casi 900 mil pesos) pero el riesgo es total: se dieron casos de personas contratadas para el servicio que murieron durante su ejecución. El uso de buzos profesionales por parte de los narcotraficantes para colocar drogas escondidas en los barcos se extendió por los puertos brasileños. En 2019, se incautaron 360 kilos de cocaína en embarcaciones mediante este procedimiento. El año pasado fueron casi tres toneladas.
En puertos como Santos (SP), Vila Velha (ES) y Pecém (CE), los buzos esconden ladrillos de cocaína en las estructuras sumergidas de graneleros y buques de carga. La droga generalmente se coloca en tanques marinos, que capturan agua utilizada como lastre o para enfriar motores.
El “campeón” de las incautaciones es el Puerto de Santos, donde el año pasado se encontraron más de dos toneladas. En 2019, la cocaína extraída de contenedores marítimos representó 2.4% del total de incautaciones en el puerto más grande de Brasil. Cuatro años después, el porcentaje saltó al 30%.
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Según el investigador Gabriel Patriarca, del Centro de Estudios sobre la Violencia (NEV) de la USP, aunque los contenedores siguen siendo el principal escondite del tráfico de barcos, el aumento de las inspecciones hizo que los baúles en el casco se conviertan en una alternativa. Una ordenanza de la Hacienda Federal del 27 de junio, por ejemplo, incluyó nuevos destinos que tendrán su carga sometida al escáner en el Puerto de Santos, como Rusia e Israel.
“La estructura de contenedores ya está bien consolidada. Y tanto la Hacienda Federal como la Policía Federal ya saben cuáles son las vulnerabilidades y cómo abordarlas. El escaneo del casco es algo nuevo”, afirmó Patriarca.
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Gracias a Santos, São Paulo es el estado con más incautaciones (4.711 kg) de cocaína en cascos de barcos, seguido de Río (815 kg), Espíritu Santo (649 kg) y Ceará (483 kg). También hay récords en Río Grande del Sur (364 kg), Santa Catarina (414 kg) y Paraná (204 kg), además de Pará (85 kg) y Amapá (155 kg).
La variedad de puertos obedece a una tendencia de la facción Primer Comando de Capital (PCC) de buscar nuevos lugares para transportar drogas, como reacción a la inspección en el Puerto de Santos, según los expertos. Para Daniel Hirata, coordinador del Grupo de Estudio sobre Nuevos Ilegalismos (Geni), de la Universidad Federal Fluminense (UFF), otro elemento que contribuye es la inversión de otras facciones.
“Es difícil determinar cuándo, pero Comando Vermelho también empezó a centrarse en el tráfico internacional. El puerto de Santos es una zona de completa hegemonía del PCC, afirmó Hirata. Hay presencia del CV en Espíritu Santo, Ceará y Pará, lugar de relaciones importantes para la facción. En el Sur tenemos una gran influencia del PCC”, sumó.
Más difícil de detectar, el uso de buzos es un desafío para las autoridades. Un informe de la aseguradora marítima Proinde de abril de este año indica que más de la mitad de las incautaciones de tanques marítimos contaminados en Brasil ocurren fuera del país (53%). La preferencia es por los graneleros, que transportan de todo, desde productos agrícolas hasta mineral de hierro. Son menos inspeccionados que los cargueros.
“Ni la PF ni el IRS cuentan con equipos especializados en este tipo de buceo”, explica Patriarca, destacando que existe dependencia de profesionales de la Armada y la Policía Militar. Como no cuentan con esta fuerza laboral en todo momento, lo hacen cuando hay movimientos sospechosos o información de inteligencia.
La dificultad inherente del trabajo es un límite al uso de buzos por parte de facciones criminales. Un informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) destaca que el proceso es riesgoso, con altas posibilidades de fracaso debido a accidentes o simplemente al mal tiempo.
“Bucear es muy difícil, las aguas están turbias. El casco del barco está cerca del muelle y el buzo podría resultar aplastado”, dice Patriarca.
La mano de obra procede así de los propios puertos, donde los buzos trabajan en la reparación y limpieza de estructuras sumergidas. Pero también se pueden utilizar extranjeros. Este fue el caso del “PCC Aquaman”, como se conoció al español Joaquín Francisco Giménez, detenido en enero de 2022 en Guarujá (SP). Operando en el Puerto de Santos y Vitória, era propietario de una empresa en Las Palmas, Islas Canarias, que tenía contratos con las autoridades locales, según el diario La Provincia. Por los cargos de tráfico, recibiría alrededor de 50 mil dólares.
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mgm