San José.— Si a la población de El Salvador se le pregunta si hoy vive con más seguridad que en marzo de 2022, una mayoría responderá que sí. Si se le interroga acerca de si hoy hay más democracia en El Salvador que en marzo de 2022, una minoría contestará que no.
Una lista de dudas hay hoy en El Salvador. ¿Para qué vivir en democracia, pero en inseguridad? ¿Cuáles derechos humanos son más importantes: los de los salvadoreños víctimas de maras o los de mareros victimarios de los salvadoreños? ¿O los de todos?
En creciente seguridad y deterioro democrático, ¿está El Salvador en condiciones sociales más propicias para evitar la masiva migración irregular a Estados Unidos de salvadoreños que huyen de la pobreza?
¿Es preferible que haya un profundo desgaste de la democracia, con un presidente—Nayib Bukele—que se adueñó de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, consolidó su autoritarismo y su mando sobre las fuerzas militares y policiales, a cambio de reducir los homicidios y las extorsiones y aplacar el pánico social por la violencia?
¿Tiene Bukele autoridad moral y política para enarbolarse como salvador indiscutible de los salvadoreños y vencedor de las maras, si de junio de 2019, cuando asumió, a marzo de 2022 pactó en secreto con los jefes mareros en las prisiones para darles lujos y privilegios e intercambió favores carcelarios por votos para su naciente partido político?
El debate surgió en ruta a que, el próximo lunes, El Salvador cumplirá un año de estar bajo un estado de emergencia que suspendió garantías constitucionales, autorizó al gobierno a violar telecomunicaciones y correspondencias sin tener orden judicial y limitó derechos de asociación, reunión, defensa y detención.
Ante el mortal asedio callejero de las maras Salvatrucha (MS—13) y Barrio o Mara 18 (M—18), Bukele llevó a la Asamblea Legislativa a declarar desde el 27 de marzo de 2022 un estado de excepción de 30 días y que ya prolongó a 12 meses.
La medida del 27 respondió a que El Salvador sumó, el 26, al menos 62 asesinatos en 24 horas, en la fecha de más homicidios desde que en 1992 se firmó la paz entre la guerrilla izquierdista y el gobierno derechista de turno, tras una guerra que estalló en 1980 y dejó unos 80 mil muertos.
Empotrado como el todo poderoso con mando inapelable en las instancias gubernamentales, legislativas, judiciales, electorales, militares y policiales salvadoreñas, Bukele desplegó operaciones castrenses y policiacas de arrestos masivos que, en un año, ya superaron los 67 mil y sin reconocer gran cantidad de denuncias por capturas arbitrarias.
El número oficial de homicidios pasó de 2 mil 544 en 1999 a 6 mil 656 en 2015—máximo en posguerra—y bajó a 2 mil 398 en 2019, mil 322 en 2020, mil 147 en 2021 y 495 en 2022.
La maniobra que empezó en marzo de 2022 remitió a cruciales hechos políticos de 2021.
En los comicios del 28 de febrero de ese año, el partido Nuevas Ideas, de Bukele, y sus aliados ganaron 66 de los 84 escaños legislativos. A partir del primero de mayo siguiente, y con esa mayoría, Bukele asumió un dominio parlamentario, judicial y electoral que unió al gubernamental, militar y policial.
Con su control autoritario del aparato estatal, Bukele arrasó con las maras y propagó su receta: nada se mueve en El Salvador sin permiso del mandatario, cuyo quinquenio se inició en 2019 y concluirá en 2024, y oponérsele significará sufrir el ataque de la aplanadora—mediática e institucional—oficialista.
Una encuesta que la (no estatal) Universidad Francisco Gavidia, de San Salvador, difundió en febrero anterior mostró que el 72,7% de los salvadoreños aseguró que el país va con “rumbo correcto”, el 65,53% admitió que es el “más seguro” de América Latina y el 62,2% aprobó la reelección de Bukele en 2024.
“La propaganda oficialista tiene embobada a una buena parte de la población”, afirmó el abogado y politólogo salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), grupo (no estatal) de El Salvador de derechos humanos.
“Vivir con seguridad y sin democracia significa que se consiguió (la seguridad) de manera autoritaria, violando derechos humanos de la población y malgastando dineros de sus impuestos para favorecerse con la corrupción de altos vuelos, en medio del secretismo impuesto”, dijo Cuéllar a EL UNIVERSAL.
La situación de más seguridad y menos democracia “se vuelve explosiva, una bomba de tiempo por las condiciones económicas que continúan expulsando gente hacia EU”, añadió.
En defensa de Bukele, el diputado oficialista salvadoreño Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea, aseveró a este diario que “los salvadoreños vivimos mucho mejor desde hace un año”.
“El principal problema que tenía El Salvador eran las pandillas terroristas: asesinaban, violaban, extorsionaban y cometían, en impunidad, gran cantidad de delitos. Hoy eso no sucede. El país vive en democracia y en paz. Quienes no ven esto como avance son los que simpatizan o vivían producto de las extorsiones de los pandilleros”, alegó.
