San Salvador.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó ayer, con aval del parlamento, un régimen de excepción restringiendo libertades civiles y ampliando poderes de la policía, cuando el país enfrenta un auge de violencia pandillera que ha dejado 76 muertos en dos días.
Provistos de fusiles de asalto y chalecos antibalas, policías y soldados patrullaban las calles, mientras continuaba la detención de cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de ordenar los crímenes.
Citando “las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, el decreto, aprobado por 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa (oficialista), declara por un mes un “régimen de excepción” en “todo el territorio nacional”.
En consecuencia queda restringida la libre asociación y reunión, se permite abrir correspondencia e intervenir comunicaciones telefónicas o de correo electrónico sin orden judicial. También restringe el derecho a ser informado en una detención y a contar con abogado desde la captura, y habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas.
La disposición “tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos” a la Policía y Fuerza Armada para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.
“Para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal”, aunque habrá “cierres focalizados y temporales” en algunas zonas, tuiteó Bukele luego de la aprobación legislativa.
Los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, “a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, indicó.
Por la noche, la policía aseguró en Twitter haber detenido a 576 pandilleros capturados gracias a la medida dictada por Bukele.
Aisla a pandilleros encarcelados
El mandatario ordenó además decretar “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17 mil de los 70 mil miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, que viven en El Salvador.
“Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, tuiteó Bukele. “Mensaje para pandillas: por sus acciones, ahora sus homeboys [compañeros presos] no podrán ni ver un rayo de sol”.
Bukele, un milleniall de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que llegó al poder en 2019, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en indicadores sobre homicidios.
Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente negociar con pandillas para que apoyaran al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.
Con las medidas “el gobierno envía un mensaje de no negociación a los grupos criminales que pretenden desestabilizar el orden y la seguridad”, consignó presidencia en un comunicado. El Salvador vive una nueva ola de violencia, con 76 homicidios en dos días —62 sólo el sábado—, según la Policía Nacional Civil (PNC), relacionadas con pandillas.
La constitución salvadoreña autoriza el régimen de excepción en caso “de graves perturbaciones del orden público” y Bukele aseguró que actuó “dentro del marco constitucional”. Pero el diputado opositor de la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí, Jaime Guevara, consideró que “la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería” y llamó al “respeto de los derechos individuales” de la población.
Bukele dijo que la Policía y la Fuerza Armada “deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”. Pidió a la Fiscalía “ser eficaz en todos los casos” y advirtió que estará pendiente de “jueces que favorezcan delincuentes”.
Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, llamó al gobierno a “prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso”.
“Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los derechos humanos. La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho”, dijo Juan Pappier, de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.
