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San José.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró encubrirse en una agresiva campaña de propaganda y relaciones públicas en casi 34 meses en el cargo para construirse una imagen de salvador de los salvadoreños como enemigo implacable de las pandillas criminales para rescatar la paz, sepultar la inseguridad y la violencia y enrumbar al país a una situación de tranquilidad y normalidad sin precedentes en época de posguerra.
Pero la realidad oculta tras la publicidad política de la supuesta victoria militar, policial y judicial de Bukele sobre las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18) emergió con sorpresa del 25 al 27 de este mes con 87 homicidios, el más grave repunte de asesinatos desde que en 1992 finalizó la guerra civil, que estalló en 1980: la otra verdad es que la muerte y la violencia están latentes en el trasfondo social del país.
Con al menos 62 asesinatos, el 26 pasará a la historia como la fecha con más muertes violentas luego de que, en enero de 1992, se firmó la paz entre las guerrillas izquierdistas y el derechista gobierno de turno en un conflicto que se saldó con unas 80 mil bajas mortales.
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Acorralado por la matanza con mareros que dispararon indiscriminadamente en las calles, Bukele llevó en la madrugada del pasado domingo a la Asamblea Legislativa a declarar a partir de ese mismo día en la mañana el estado de emergencia por 30 días. La Corte Suprema de Justicia apoyó al presidente.
En un desafiante mensaje en Twitter que envió anteanoche “a la comunidad internacional”, Bukele ironizó: “Tenemos 70 mil pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos ‘violando sus derechos’”.
Pese al convencimiento oficialista del éxito del Plan Control Territorial, iniciativa estrella del gobierno en contención criminal, surgió la alerta: las pandillas reconfirmaron su fortaleza.
“Tácitamente se está reconociendo que la situación rebasa las capacidades institucionales para contrarrestar hechos delincuenciales. Estado de excepción y toque de queda deben ser siempre el último recurso”, adujo la especialista y consultora internacional salvadoreña en derechos humanos, Celia Medrano, activista social y periodista.
“No se han agotado medidas previas y si bien no menos de 70 homicidios en 48 horas indiscutiblemente es una situación alarmante, el recurrir a una medida extrema cuestiona la capacidad estatal de controlar este nuevo repunte de violencia homicida sin tomar una medida creada para condiciones extraordinarias”, dijo Medrano a EL UNIVERSAL.
Al calificar de “alarmante” el mensaje oficialista de “cacería” que insinuaría “la anticipación de ejecuciones extrajudiciales”, planteó que “el sinsabor que queda (…) en medio de la ya tradicional publicidad gubernamental es que se busca quien pague y no quién o quiénes realmente son responsables de esta nueva ola de violencia”.
“Tan terroristas podrían calificarse a quienes premeditadamente generan terror a la población con el aumento de asesinatos y a los poderes políticos que justifiquen esta violencia o pacten con los responsables. (…) De la militarización de la seguridad pública se ha pasado a la militarización de la política”, lamentó.
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