Realizar el Brexit en enero y negociar después vastos acuerdos de libre comercio es la prioridad número uno del nuevo gobierno del británico Boris Johnson, subrayó el jueves la reina Isabel en el protocolario discurso con que inauguró la flamante legislatura.
Sentada en el trono de oro de la Cámara de los Lores junto a su hijo y heredero, Carlos, la monarca de 93 años leyó el programa de política general del ejecutivo, que abarca desde un importante aumento en la financiación de la sanidad pública hasta la mejora de la educación.
Sin embargo la primera y principal tarea de Johnson, que la semana pasada obtuvo la más amplia mayoría conservadora desde 1987, está muy clara.
"La prioridad de mi gobierno es lograr que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de enero", leyó la reina, vestida de verde agua, frente a los Lores ataviados con sus ceremoniales capa rojas y los diputados reunidos para la ocasión.
"Acto seguido, mis ministros buscarán una futura relación con la Unión Europea basada en un acuerdo de libre comercio" y "también iniciarán negociaciones comerciales con otras grandes economías mundiales", agregó.
Hace poco más de dos meses, antes de que Johnson convocara elecciones anticipadas para salir del bloqueo del Brexit, gobierno y soberana ya se habían librado a este ejercicio que mezcla política y tradición.
En esta ocasión, la ceremonia tuvo menos pompa: la reina llegó en coche y no en carroza de caballos. Tampoco lució la corona ni la capa de armiño, aunque no faltaron los guardas en uniforme de gala y los trompetistas reales.
Aplazado tres veces por el bloqueo del anterior parlamento, el Brexit, decidido por referéndum en 2016, está previsto a finales de enero.
Ahora, gracias a sus 365 diputados en un Parlamento de 650 escaños, Johnson tiene garantizada su aprobación.
"Es imposible hacer descarrilar las intenciones del gobierno como ocurrió en los últimos doce meses", subrayó el analista Jill Rutter, del centro de reflexión UK in a Changing Europe.
El viernes el primer ministro presentará al Parlamento el proyecto de ley que debe traducir a la legislación británica los términos del acuerdo de divorcio firmado con Bruselas. Ese día se llevará a cabo una primera votación, pero su adopción definitiva quedará para enero.
Tras la aprobación del Tratado de Retirada comenzará sin embargo una segunda, y más compleja, fase de negociación: la de la futura relación entre Londres y Bruselas.
Y para asegurarse de que no se producen más aplazamientos, Johnson prometió incluir en la ley la prohibición legal de ir más allá del plazo inicial del 31 de diciembre de 2020.
Londres quiere asimismo negociar tratados comerciales con países como Estados Unidos y Australia.
La promesa de una rápida salida de la UE valió a Johnson su aplastante victoria electoral, pero también agravó las fisuras en la unidad del país.
Desde Edimburgo, la jefa del gobierno escocés, Nicola Sturgeon, llamó el jueves "al gobierno británico a negociar y acordar" la convocatoria de un nuevo referéndum sobre la independencia tras el de 2014 en que ganó el no.
Consciente de la oposición de Johnson, la líder nacionalista aseguró que considerará "todas las opciones razonables para garantizar el derecho de Escocia a la autodeterminación", dando a entender posibles acciones judiciales pero sin proporcionar detalles.
Y advirtió a Londres que intentar bloquear el deseo "democrático" de los escoceses solo resultará en un mayor apoyo a la causa independentista.
Tras llevar a cabo el Brexit, el segundo proyecto de ley del ejecutivo versará sobre la financiación del servicio público de salud, NHS, muy respetado por los británicos pero deteriorado tras casi una década de políticas de austeridad.
Johnson, que afirma dirigir ahora un "gobierno del pueblo" tras conquistar numerosas circunscripciones tradicionalmente obreras, promete aumentar en hasta 33.900 millones de libras (44.350 millones de dólares, 39.900 millones de euros) en 2023-2024 el monto destinado a sanidad.
Entre las otras medidas anunciadas, endurecimientos en el sistema migratorio y el judicial, para "garantizar que los criminales más violentos, incluidos los terroristas, permanezcan más tiempo en prisión", y el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.