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El exjuez Sergio Moro, cuya renuncia al ministerio de Justicia de Brasil priva al presidente Jair Bolsonaro de uno de sus colaboradores estrella, encarnaba sus promesas electorales de lucha contra la corrupción.
Moro, de 47 años, ministro de Justicia y Seguridad Pública desde la llegada de Bolsonaro al poder en enero de 2019, anunció su dimisión después que el mandatario ultraderechista sustituyera al jefe de la Policía Federal (PF), principal fuerza de investigación judicial, subordinada a su cartera.
"No tengo cómo perseverar en los compromisos que asumí, sin condiciones de trabajo, sin tener cómo preservar la autonomía de la PF" o "forzado a concordar con la interferencia política en la PF", explicó Moro en una declaración ante la prensa en Brasilia.
El exmagistrado, que durante años comandó la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil (Lava Jato) y envió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, sigue gozando de una alta popularidad, pese a que el año pasado su reputación se vio manchada por la filtración de mensajes que cuestionaron su imparcialidad en el proceso del líder de la izquierda.
Es el segundo ministro clave que sale del gobierno en las últimas semanas. El titular de Salud, Luiz Henrique Mandetta, cayó tras insistir en la necesidad de mantener medidas de cuarentena para enfrentar la pandemia de nuevo coronavirus, contrariando el parecer de Bolsonaro.
Moro nació en agosto de 1972 en Maringá (Paraná, sur); en su estado se licenció en Derecho y se convirtió en juez en 1996. Doctor y profesor universitario, completó su formación en Harvard.
Fascinado por descifrar los caminos del dinero sucio, siguió con atención la histórica operación "Mani Pulite" (Manos Limpias), que desarticuló una compleja red de corrupción en la Italia de los 90.
Importando ese modelo a Brasil, como juez de primera instancia de Curitiba (sur), ganó su notoriedad y prestigio: con la Operación Lava Jato ('lavadero de autos'), se propuso erradicar la corrupción en la principal potencia económica latinoamericana.
Desde 2014, esta megacausa puso al descubierto una vasta red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos con la estatal Petrobras.
Las investigaciones desembocaron en la condena de decenas de políticos de prácticamente todo el espectro ideológico y de empresarios de primer plano.
Su mayor trofeo fue Lula, a quien condenó por corrupción y lavado, y envió a prisión en abril de 2018.
Pero al mismo tiempo que sus allegados lo definían como un magistrado rápido para decidir, preparado y resuelto, sus detractores apuntaban abusos en el uso de las prisiones preventivas, de las delaciones premiadas y en la filtración de los casos a la prensa para conquistar a la opinión pública.
Su incorporación a las filas del gobierno también dividió a los brasileños: mientras unos celebraron el pasaje de su "héroe" al Ejecutivo, otros interpretaron su fichaje como una confirmación de sus intenciones políticas.
Este discurso se vio reforzado en junio del año pasado, cuando el portal The Intercept Brasil reveló supuestos mensajes entre Moro y los fiscales de Lava Jato, que sugieren cierta intimidad entre las dos partes.
Esto puso en duda la imparcialidad de Moro al juzgar a Lula, que se vio impedido de participar de las elecciones en 2018 en virtud de su condena.
El líder histórico de la izquierda, de 74 años, fue liberado en noviembre de 2019 tras una decisión de la corte suprema que permitió a los condenados en segunda instancia, como él, aguardar en libertad el veredicto de cortes superiores.
La conducta de Moro también fue a parar al máximo tribunal del país, que debe decidir aún si actuó con imparcialidad. Si consideran que no, la condena de Lula podría verse anulada y su caso debería ser juzgado nuevamente.
A pesar de estas manchas en su reputación, muchos analistas ven a Moro como un candidato posible para las elecciones de 2022.
Moro está casado desde hace más de veinte años y tiene dos hijos con la abogada Rosângela Wolff, una ardiente defensora de su marido en las redes sociales.
