El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó ayer al presidente Michel Temer de ser el “líder” de un esquema “criminal” de corrupción, señalamiento que se suma a otras denuncias contra el mandatario, cuya administración ha estado marcada por los escándalos de corrupción de la Operación Lava Jato.
Janot acusó igualmente al mandatario de “obstrucción a la justicia”, por presuntas tentativas de evitar que un operador monetario firmase un acuerdo de delación premiada (que implica colaborar con la justicia a cambio de penas de cárcel menores).
Entre los acusados hay otros seis importantes dirigentes del partido de Temer, el PMDB (conservador), incluyendo dos ministros de primer nivel: Eliseu Padilha, jefe de gobierno, y Moreira Franco, secretario general de la presidencia, a cargo del programa de privatizaciones.
El presidente no tardó en replicar. “La denuncia presentada por la PGR [Procuraduría General de la República] está llena de absurdos”, escribió Temer en su cuenta de Twitter poco después de que Janot enviará a la Corte Suprema la denuncia por asociación criminal y obstrucción a la Justicia.
“La PGR contó con testimonios falsos y mentirosos, e introdujo la delación fraudulenta en la que el delito compensa”, agregó.
Por su parte, la presidencia emitió un comunicado en el que señaló que “el fiscal general de la República prosigue su marcha irresponsable para encubrir sus propias fallas” con una denuncia “llena de absurdos”.
Según la fiscalía general de la República (PGR), los denunciados “practicaron acciones ilícitas a cambio de sobornos a través de organismos públicos como Petrobras, Furnas, Caixa Económica, el Ministerio de Integración Nacional y la Cámara de Diputados”.
Ese esquema “permitió que los denunciados recibiesen por lo menos 587 millones de reales de sobornos [189 millones de dólares al cambio actual]”, explica.
Según la acusación, “Temer es acusado de haber actuado como líder de la organización criminal desde mayo de 2016”, cuando asumió la presidencia tras la destitución de Dilma Rousseff,
Temer se convirtió en junio en el primer presidente brasileño en ejercicio en ser acusado de un crimen común, cuando Janot lo denunció por “corrupción pasiva”, como presunto beneficiario de un soborno de 500 mil reales (unos 150 mil dólares) del gigante de la carne JBS. El entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, uno de sus principales hombres de confianza, fue filmado llevando el dinero en una maleta.
Pero la Cámara de Diputados, donde Temer tiene una confortable mayoría, rechazó encaminar el pedido de inculpación a la corte suprema, única habilitada para juzgar a un mandatario.
El presidente, con apenas un 5% de aprobación popular, atribuye las acusaciones a tentativas de comprometer la incipiente recuperación de la mayor economía latinoamericana, después de dos años de recesión. Su programa de ajustes le ha valido hasta ahora el respaldo de los mercados. AFP y EFE