Así viven las víctimas de violación para lograr la interrupción del embarazo durante el Covid-19
En Brasil, las interrupciones del embarazo solo se permiten en casos de violación, cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando el feto tiene alguna condición poco común que impida el desarrollo del cerebro y o el cráneo
Cuando Paloma terminó de juntar el dinero que necesitaba para poder pagar por un aborto clandestino, la pandemia de coronavirus obligó a adoptar restricciones en gran parte de Brasil.
La joven de 27 años había sido violada a finales del año pasado por un exnovio que seguía siendo un amigo cercano de la familia.
Madre de dos niños, Paloma se enteró de que estaba embarazada unas semanas más tarde, después de mudarse de su natal Bahía a Minas Gerais, un estado cercano, por motivos de trabajo.
"No sabía qué hacer", recuerda Paloma. "De lo único que estaba seguro era de que no quería a este niño".
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Brasil tiene leyes estrictas sobre el aborto.
Las interrupciones del embarazo solo se permiten en casos de violación, cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando el feto tiene anencefalia, una condición poco común que impide que se desarrolle parte del cerebro y el cráneo.
Si bien Paloma tenía derecho a un aborto por ley, como muchas mujeres en Brasil, no tenía del todo claro cuáles eran sus derechos.
Le preocupaba tener que denunciar la violación a la policía para poder acceder a un aborto legal, un requisito que comúnmente aleja a las mujeres del procedimiento.
Pero también temía a las represalias de su violador.
"Estaba realmente preocupada por la seguridad de mis hijos", explica.
Aborto clandestino
Los abortos clandestinos son riesgosos: cuando se realizan sin una supervisión médica sólida, pueden provocar complicaciones y poner en peligro la vida de las mujeres.
Si son descubiertas, las mujeres también pueden enfrentar hasta cuatro años de cárcel.
Pero Paloma no sabía a dónde más acudir y comenzó a ahorrar los 3 mil 700 reales (unos 660 dólares) que necesitaba para el procedimiento clandestino, una suma que es más de tres veces el salario mínimo mensual de Brasil.
Un médico iba a volar desde Río de Janeiro, a más de 900 kilómetros de Minas Gerais, para realizar el procedimiento.
Pero entonces llegó la pandemia de Covid-19, que paralizó a Brasil y cerró aeropuertos, estaciones de autobuses y centros de salud.
A fines de abril, Paloma tenía más de 23 semanas de embarazo.
"Cuando todo cerró, se volvió realmente difícil viajar, todo se volvió muy complicado", recuerda.
Con el proceso plagado de retrasos, Paloma recurrió a internet en busca de opciones por última vez.
Se topó con Milhas pela Vida das Mulheres, una red que ayuda a las mujeres a acceder a abortos seguros.
El grupo la ayudó a comprender sus derechos y le indicó una de las pocas clínicas de aborto legal que seguían funcionando durante la pandemia.
Para Paloma, fue un giro fortuito de los acontecimientos.
"Iba a arriesgar mi vida y quizás ahora no estaría aquí", dice sobre el aborto clandestino que planeaba tener.
Acceso limitado
Muchas mujeres brasileñas no han tenido la misma suerte que Paloma durante la pandemia.
Al principio, la crisis redujo drásticamente el acceso a los abortos legales ya que muchas clínicas cerraron.
Los datos recopilados por los activistas sugieren que, de las 76 clínicas registradas que brindan servicios de aborto legal en todo Brasil, solo 42 permanecieron abiertas durante la pandemia.
Uno de ellos es Nuavidas, el centro de salud en Uberlândia que ayuda a las víctimas de violencia sexual donde se realizó el aborto de Paloma.
"La pandemia se convirtió en una excusa para afectar los derechos de las mujeres", dice la doctora Helena Paro, obstetra y coordinadora de Nuavidas.
Sandra Leite es la coordinadora de un centro para mujeres víctimas de violencia en el Hospital de Mujeres de Recife, que también permaneció abierto durante la pandemia.
Dice que el Covid-19 hizo más difícil para las mujeres vulnerables llegar a una clínica.
"Durante la cuarentena, las mujeres tenían más dificultades para salir de la casa para buscar ayuda", dice.
"Y en algunos casos, sus atacantes estaban dentro de la casa con ellos, por lo que no podían buscar atención médica".
Leite recuerda que el centro donde trabaja registró una disminución de pacientes, a pesar de que fue uno de los pocos que permaneció abierto.
Pero ahora que las restricciones han disminuido, la demanda de abortos legales ha aumentado.
"Estamos viendo que las mujeres han sufrido más violencia mientras estaban aisladas en casa con sus agresores", asegura.
Límites arbitrarios
En la clínica de la doctora Paro, el número de mujeres que buscan abortos legales se ha duplicado recientemente.
Y muchas, como Paloma, están llegando con embarazos más avanzados, probablemente porque no pudieron buscar o acceder a ayuda durante la pandemia.
"A veces, estas mujeres han tenido que viajar largas distancias para acceder a este derecho", dice Paro. "Y esa es a menudo la razón por la que llegan con embarazos más avanzados".
Esto podría suponer una barrera más para las mujeres.
Los abortos después de las 22 semanas son controvertidos y el Ministerio de Salud de Brasil los desaconseja, citando mayores riesgos para la salud de la madre.
Paro dice que si bien el límite de 22 semanas "no se basa en la ciencia" ni está consagrado en la ley brasileña, la mayoría de las clínicas se niegan a llevar a cabo el procedimiento más allá de ese punto.
La clínica de Paro es una de las pocas instalaciones en Brasil que realizan abortos más allá de las 22 semanas.
La especialista considera a las 22 semanas un "límite arbitrario" que, según ella, muchos médicos usan como "una excusa para rechazar un aborto al que ya están en contra".
"Entonces, si una mujer pasa [22 semanas], tendrá enormes dificultades para encontrar una clínica de aborto en Brasil hoy", indica Paro.
Golpe adicional
Incluso antes de que el Covid-19 azotara Brasil, los derechos al aborto estaban siendo atacados.
Con pocas clínicas en todo el vasto país, la mayoría de las mujeres ya luchaban por acceder a abortos legales, dice Gabriela Rondon, investigadora y abogada de Anis, una organización que promueve los derechos de las mujeres.
En el norte más pobre, solo hay dos clínicas para una región de más de 17 millones de personas.
"Muchas mujeres no tienen una clínica cercana, especialmente las mujeres de las zonas rurales", dice Rondon. "Y también hay una falta de información; a menudo, a las mujeres no se les dice que tienen este derecho".
La activista agrega que en la práctica, muchas clínicas dicen ofrecer el servicio pero en cambio "emplean una serie de barreras que o retrasan el acceso a un aborto o lo hacen imposible".
Cuando las mujeres llegan a una clínica que ofrece abortos legales, a menudo son tratadas con hostilidad o cuestionadas agresivamente. Algunas son rechazadas por médicos que se niegan a realizar abortos por motivos "de conciencia".
Las mujeres que buscan una terminación ahora también se enfrentan a un nuevo obstáculo.
En agosto, el gobierno publicó nuevas pautas que instruyen a las clínicas a denunciar los casos de violación a la policía, incluso cuando las víctimas no lo deseen.
Leite cree que la nueva instrucción disuadirá a las mujeres que han sido violadas de buscar los abortos a los que tienen derecho por ley.
"Todo este trabajo que se hizo a lo largo de los años, hoy lo vemos desmoronarse".
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