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El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó un toque de queda nocturno en tres comunas de la región del Biobío, tras el asesinato de tres carabineros. El mandatario chileno remarcó que "los criminales responderán ante Chile y la justicia".
En un mensaje en X, antes Twitter, Boric, remarcó que tomó la decisión "después de conversar con el General Director de Carabineros, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Jefe de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor Conjunto, habiendo también evaluado las diferentes alternativas y atendiendo a las necesidades de la investigación en curso".
Detalló que "he instruido decretar toque de queda en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa entre las 00.00 y las 7.00 horas. Además se reforzará la presencia policial y militar a nuestra máxima capacidad mediante patrullajes conjuntos en la zona".
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Conmoción y duelo en Chile
Boric, que apenas conoció la noticia reunió a su gabinete de crisis y condenó el atentado públicamente, se dirigió hacia el lugar, a más de 600 kilómetros al sur de la capital, acompañado de una delegación de representantes de los tres poderes del Estado, y llamó a la unidad política para enfrentar la situación.
"Ahora no tienen que haber ni izquierdas ni derechas, ni oficialismo ni oposición. Chile tiene que estar entero, como un solo puño, como una sola fuerza para hacer justicia, que no haya impunidad, desbaratar estas bandas y que paguen por sus crímenes, estén donde estén", dijo el mandatario desde el responso fúnebre de los fallecidos y después de declarar tres días de duelo nacional.
El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos tuvo lugar sobre la 1:30 horas (6.30 GMT), cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. Murieron calcinados un sargento y dos cabos.
"Se trata de actuar unidos como una sola fuerza para hacer justicia", reiteró durante la tarde Boric en su cuenta de X.
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"No es el minuto de debilitar a Carabineros"
El conjunto de fuerzas políticas que integran el Parlamento chileno, desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista, reaccionó y condenó el ataque múltiple, que coincidió el Día del Carabinero –el 27 de abril– a propósito del 97º aniversario institucional.
Todos los actos conmemorativos previstos para la jornada fueron suspendidos y, de forma espontánea, centenares de personas se manifestaron en el centro de Santiago en apoyo al cuerpo policial.
En medio de la convulsión, se reabrió la polémica sobre si es momento para que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abandone su cargo tras la imputación de la Fiscalía por un eventual delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las protestas de 2019.
Aunque esta misma semana el Gobierno, presionado por una parte del oficialismo, había anunciado que el jefe policial dejaría el cargo antes de su formalización (imputación del juez), prevista para el 7 de mayo, este sábado varias autoridades pusieron en duda esta posibilidad.
En plena respuesta a los graves atentados y ante la insistencia de la oposición para que el director permanezca en el cargo, Boric señaló que "en esto todos somos necesarios, lo es también el General Yañez". Antes la ministra del Interior, Carolina Tohá, había asegurado que ahora "no es el minuto de debilitar a Carabineros".
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Extremar las medidas de seguridad en la zona
Tras el asesinato simultáneo de los tres funcionarios policiales, inédito en el pasado reciente de Chile, varias autoridades políticas exigieron al Gobierno extremar las medidas de seguridad en la zona, afectada por un conflicto que involucra pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
La Araucanía y parte de la región del Bio Bío, incluido el sector donde se perpetró el ataque, están bajo estado de emergencia desde mayo de 2022, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios.
El gobernador del Bio Bío, Rodrigo Díaz, pidió reponer la pena de muerte para quienes asesinen a policías, mientras que la derecha tradicional reclamó dar urgencia a los proyectos de ley pendientes en materia de seguridad.
La mayoría de estas propuestas se levantaron en medio de otra crisis desatada hace justo un año por el asesinato de otros tres agentes ocurridos en pleno desarrollo de sus labores y en menos de 21 días.
Chile atraviesa hace años una crisis de seguridad que se ha convertido hoy en la principal preocupación de la ciudadanía y que en la zona centro-sur del país se combina con un escenario de conflicto que lleva décadas sin resolverse.
**Con información de EFE
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