Enfrentamientos entre manifestantes y militares que liberaban el acceso a una planta de combustible en El Alto, ciudad vecina de La Paz, dejaron tres muertos y 30 heridos ayer, según el último informe publicado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
Un vocero de la entidad dijo que “se ha constatado la existencia de tres muertos, dos de ellos confirmados [por impacto] de bala”, incluido Dayvi Posto Cusi, de 31 años, cuyo fallecimiento se había reportado antes. A raíz de esa situación, “estamos pidiendo a las autoridades una investigación”, indicó la fuente de la oficina de prensa de la Defensoría.
El organismo elevó a 30 el número de heridos, todos leales al expresidente Evo Morales, quien está asilado en México tras dimitir de su cargo el 10 de noviembre, luego de unos comicios tildados de fraudulentos por la oposición y en los que la Organización de los Estados Americanos (OEA) encontró “irregularidades”.
Un comunicado de las Fuerzas Armadas dijo que “agitadores y vándalos enardecidos” atacaron y destruyeron parcialmente la planta de hidrocarburos de Senkata “utilizando explosivos de alto poder”.
Antes, una fuerza combinada de policías y militares, apoyada por carros blindados y helicópteros, había ingresado a la planta, ocupada hace días por manifestantes, para reanudar en carros cisternas el abastecimiento de combustible, cuya escasez se empieza a agudizar en La Paz. “Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto, que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia”, tuiteó Morales.
La presidenta interina de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, había firmado en días pasados un decreto, calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “grave”, al eximir a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden en el país, convulsionado hace casi un mes. La CIDH había cifrado el fin de semana en 23 los muertos desde que comenzaron los conflictos y en nueve desde que asumió el 13 de noviembre el nuevo gobierno.
En este contexto, el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, pospuso de ayer para hoy la sesión del Parlamento, en el que tiene mayoría, que debe iniciar el proceso para unas nuevas elecciones en el país y en el que se revisará la renuncia sometida por Evo.
El gobierno de la proclamada presidenta Jeanine Áñez expresó su preocupación porque el Legislativo no ha logrado instalar una sesión para tratar las normas para llamar a nuevas elecciones generales en el plazo establecido, ante lo cual anticipó que aguardará dos días antes de hacer la convocatoria por decreto.
La situación en el país andino será analizada hoy por el Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional con sede en Wa- shington, que discutirá una propuesta de Colombia y Brasil para instar a Bolivia a llamar “urgentemente” a elecciones y adopte “prontamente” un calendario electoral. El representante de la OEA, Rodolfo Piza, se reunió con Áñez, y pidió “garantías básicas” para los comicios.
También ayer se informó que la cancillería interina de Bolivia anunció que autorizó un salvoconducto para Evaliz Morales Alvarado, la hija de Morales. La canciller interina, Karen Longaric, dijo que su ministerio evalúa una veintena de solicitudes de salvoconductos de integrantes del MAS.