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Bangkok.— Los manifestantes contra el golpe de Estado de la junta militar de Birmania (Myanmar), acaecido el 1 de febrero, utilizaron los tradicionales huevos de Pascua para propagar mensajes de protesta contra los militares, cuya represión ha costado la vida a al menos 557 personas.
Con mensajes como “Queremos democracia”, “Tenemos que ganar”, “Quítate de en medio MAH” —en referencia al líder de la junta militar Min Aung Hlain— o “Nos oponemos al golpe militar”, la llamada huelga de los huevos de pascua prendió en las principales ciudades y se propagó en las redes sociales a través de los perfiles de activistas y de los medios digitales de comunicación.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania, 557 personas han fallecido desde el golpe de Estado, los cuatro últimos durante las protestas de este sábado, aunque esta organización advierte de que el número real de bajas es en realidad más alto, debido a los problemas para recopilar datos en un clima de confusión.
A las muertes se suman las 2 mil 658 personas detenidas en la actualidad, mientras la junta militar trata de frenar la difusión de las protestas con el corte de la señal de internet, con la conexión a través del cable, poco extendido en el país, como única opción.
Aunque la mayoría de las protestas han reaccionado de manera pacífica hasta el momento, en los últimos días algunos disidentes han protagonizado incidentes violentos, como el que costó la vida a cinco policías el jueves en la región central, cuando un agente desertor (muerto de un disparo) lideró el ataque con granadas contra una comisaría.
Ante el constante deterioro de la situación, las organizaciones internacionales y locales, así como algunos políticos en Francia, pidieron a la petrolera francesa Total, presente en Birmania desde 1992, que abandone el país.
Pero la compañía mantendrá su producción de gas que “suministra electricidad a una población muy numerosa en Rangún”, la capital económica, dijo su director Patrick Pouyanné. El grupo afirmó que tampoco quiere exponer a sus empleados locales al riesgo de “trabajo forzado” si abandona el país.