Más Información
WASHINGTON. — El gobierno del presidente Joe Biden redobló el lunes sus esfuerzos para proteger de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, la maniobra más reciente en un extenso drama en torno a la legalidad del programa DACA.
El gobierno propuso una norma con la que pretende satisfacer las inquietudes de un juez federal en Houston que en julio pasado decretó que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA por sus iniciales en inglés) era ilegal, principalmente debido a que el gobierno del entonces presidente Barack Obama pasó por alto requerimientos procesales al momento en que el programa entró en vigor en 2012.
La nueva norma es similar a la iniciativa de la era de Obama, recreando la política de 2012 con el objetivo de afianzarla en una base más sólida al atravesar el proceso de regulaciones federales.
El juez federal de distrito Andrew Hanen, asignado por el presidente George W. Bush, dijo que el gobierno de Obama excedió su autoridad y no buscó la retroalimentación adecuada. El magistrado permitió que continuaran las renovaciones al programa pero prohibió las nuevas inscripciones. El gobierno de Biden está apelando el fallo.
La propuesta de 205 páginas solicita retroalimentación pública a fin de atender las preocupaciones de Hanen, aunque de momento se desconoce si eso será suficiente. La norma se publicará el martes en el Registro Federal, lo que dará lugar a un período de 60 días para comentarios del público, con lo cual se hace poco probable que entre en vigor durante varios meses.
La oficina del secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien junto a otros ocho estados impugnó el DACA ante el juez Hanen, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
El gobierno de Obama creó el DACA con un memo emitido por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Su intención era ser una medida provisional hasta que el Congreso legislara una solución permanente, lo cual nunca ocurrió.
Y ya que el DACA no es producto de una legislación, encaja en la categoría de las políticas que pueden alterarse fácilmente con el cambio de gobierno. El presidente Donald Trump intentó rescindir el memo del DACA y poner fin al programa, pero la Corte Suprema llegó a la conclusión de que no lo hizo de forma adecuada.
Al intentar reforzar el DACA mediante una regla formal —lo que significa un proceso más riguroso que el memo original, aunque sigue sin ser una legislación—, el gobierno espera obtener el aval de los tribunales.
Lo más posible es que se requiera nuevamente de la intervención de la Corte Suprema, a menos que el Congreso actúe primero.
La medida del gobierno de Biden se produce en momentos en que los legisladores demócratas atraviesan problemas para incluir cláusulas migratorias en su paquete de iniciativas sociales y ambientales por 10 años y 3.5 billones de dólares. La inclusión de provisiones que ayuden a millones de migrantes a permanecer en Estados Unidos ha sido una de las máximas prioridades de legisladores progresistas y a favor de la migración, y los demócratas no pueden darse el lujo de perder muchos votos.
Sin embargo, la parlamentaria del Senado señaló a principios de este mes que las disposiciones migratorias no pueden permanecer en la iniciativa de ley debido a que significan una violación a las reglas presupuestales de la cámara.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, volvió a pedir al Congreso el lunes que actúe con rapidez para brindar “el estatus legal que necesitan y merecen”.
“La administración Biden-Harris sigue tomando medidas para proteger a los dreamers y reconocer sus contribuciones a este país”, dijo Mayorkas, utilizando un término común para los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando eran niños. “Esta propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo”.
Algunos activistas en favor de la inmigración respaldaron la postura de Mayorkas de que la presión está sobre el Congreso.
“Una versión más formal del DACA estabilizará las vidas de los dreamers elegibles, pero se requiere de acciones legislativas para consolidar las contribuciones de los beneficiarios del DACA, expandir las protecciones a otros dreamers y forjar un mecanismo para el estatus legal permanente”, dijo Ali Noorani, presidente del Foro Nacional de Inmigración. “Formalizar el DACA es un paso positivo, pero no es una solución permanente”.
La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó una iniciativa a principios de este año que otorga herramientas para que los dreamers se conviertan en residentes permanentes legales, pero la propuesta no ha avanzado en el Senado, donde los republicanos la han bloqueado y las negociaciones bipartidistas se han estancado. El fallo de la parlamentaria del Senado lastró aún más sus perspectivas legislativas. Los partidarios de la medida han dicho que presentarían cláusulas migratorias alternativas con la esperanza de que puedan añadirse a la propuesta, pero se desconoce si dicho plan tendría éxito.
Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell, dijo que la propuesta del gobierno no conlleva cambios importantes y “es un intento de proteger el programa existente de los litigios”.
La propuesta se adhiere al mismo criterio, el cual incluye haber llegado al país antes de cumplir los 16 años, residir continuamente en Estados Unidos desde su llegada y haber estado en el país para el 15 de junio de 2012.
Desde 2012, más de 825.000 inmigrantes se han inscrito al DACA.
rcr
