Washington.- El presidente de Estados Unidos , Joe Biden , desveló este miércoles su estrategia para reducir los homicidios en las ciudades del país, centrada en aportar más recursos a la Policía y quitar las licencias a los vendedores de armas que sean negligentes.
En un discurso en la Casa Blanca, Biden se comprometió a hacer más para disminuir la criminalidad en el país, después de que los homicidios aumentaran más de 30% el año pasado en las principales ciudades, según estudios del FBI y de una asociación nacional de policías.
"Históricamente, el crimen aumenta durante el verano, y ahora que salimos de esta pandemia y el país reabre, el aumento tradicional del verano (en el crimen) podría ser más pronunciado de lo que normalmente veríamos", advirtió.
Las posibles consecuencias políticas de esa tendencia preocupan a la Casa Blanca, que ha decidido enfrentar el tema de frente -al contrario de lo que han hecho tradicionalmente otros políticos demócratas- y relacionarlo con una de las prioridades del partido: el control de armas.
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"Hay demasiados vendedores de armas que creen que pueden salirse con la suya si venden armas a gente que no tiene permiso legalmente para tenerlas", denunció Biden en su discurso, en el que lo acompañó el fiscal general de EU, Merrick Garland.
El mandatario aseguró que 5% de los comerciantes de armas del país venden 90% de las pistolas ilegales halladas en escenas de crimen, y prometió "una tolerancia cero" contra esos vendedores que incumplen la ley.
"Estos mercaderes de la muerte están rompiendo de ley para conseguir un beneficio económico", subrayó.
"Si venden a propósito un arma a alguien que tiene prohibido portarla, si evitan a propósito controlar los antecedentes del comprador, si falsifican a propósito un historial... Mi mensaje para ellos es: los encontraremos y les quitaremos la licencia para vender armas", añadió.
En concreto, Biden ordenó a su gobierno que revoque las licencias de esos comerciantes la primera vez que se les cace en cualquiera de esas tres circunstancias, con el objetivo de reducir el trasiego de armas ilegales por el país.
El plan de Biden también permite que los estados desvíen fondos del paquete de rescate aprobado en marzo pasado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia -un total de 350 mil millones de dólares- a medidas para reducir la criminalidad.
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En concreto, los estados podrán usar ese dinero para contratar efectivos, invertir en nuevos tipos de entrenamiento policial y adquirir tecnología que permita a los agentes responder de manera más rápida a incidentes con armas de fuego.
Además, los estados podrán invertir en programas educativos destinados a prevenir la violencia y dirigidos a aquellas comunidades que, por razones sociales y económicas, tienen más probabilidades de verse envueltas en sucesos con armas de fuego, ya sea como víctimas o como victimarios.
El énfasis de Biden en aportar más recursos a la Policía choca con la postura del ala izquierda de su partido, que durante las protestas raciales del año pasado abrazó una petición para reducir precisamente los fondos a las fuerzas de seguridad estatales y locales, un movimiento conocido como "Defund the police".
"Este no es el momento de darle la espalda a las fuerzas de la ley o a nuestras comunidades", alegó, sin embargo, Biden.
El mandatario también apostó por ayudar a la reinserción social de presos para reducir su reincidencia, mediante una mayor contratación de los mismos en puestos del gobierno federal.
Asimismo, el Ejecutivo de Biden tiene previsto dar ayuda de vivienda a algunos exreclusos y conceder incentivos fiscales a empresas que contraten a un exprisionero en los primeros 12 meses de su salida de la cárcel.
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Por último, el gobernante quiere usar parte del presupuesto del próximo año fiscal, que aún tiene que aprobar el Congreso, para que haya un agente especializado en armas de fuego en todos los departamentos de policía del país.
La oposición republicana reaccionó con escepticismo al discurso de Biden, y la portavoz del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado del partido), Emma Vaughn, atribuyó el aumento en el crimen al "fracaso" del presidente a la hora de "castigar a su propio partido por quitar fondos a la Policía".
Mientras, la mayor organización estadounidense de derechos civiles, ACLU, elogió en líneas generales el plan de Biden, pero advirtió que algunos de sus elementos podrían exacerbar la "criminalización de comunidades" negras o latinas.
"La historia ha demostrado que contratar a más agentes de policía lleva a una mayor persecución de delitos menores en comunidades de color", dijo en un comunicado el director de asuntos de Justicia en ACLU, Udi Ofer.
jabf