Washington.— El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer un plan B para perdonar los préstamos a millones de universitarios del país después del varapalo de la Corte Suprema que tumbó su programa estrella para cancelar parte de la deuda estudiantil.
“Esta nueva vía tomará más tiempo, pero en mi opinión es la mejor ruta que queda”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación en la Casa Blanca junto al secretario de Educación, Miguel Cardona.
Biden detalló que su gobierno utilizará la Ley de Educación Superior para cancelar y reducir la deuda “bajo ciertas circunstancias” a “tantos deudores como sea posible y lo más rápido posible”. También se pondrá en marcha un plan de pagos en función de ingresos que reducirá la cantidad que cada persona debe pagar de forma mensual y que permitirá ahorrar mil dólares anuales a la mayoría de deudores.
Durante el próximo año no se considerará como morosos a aquellos deudores financieramente vulnerables que no puedan realizar los pagos, lo que en la práctica equivaldrá a una nueva moratoria similar a la que se aprobó durante la pandemia de Covid-19. Aun así, Cardona matizó las palabras de Biden durante una rueda de prensa posterior para aclarar que no se trata de una pausa generalizada, y que aquellos que puedan hacer frente a los pagos deberían hacerlo.
El secretario aclaró que consideran que la decisión de la Corte es errónea, pero que la acatarán, y que tratarán de basar el nuevo plan para perdonar la deuda de los estudiantes en otro tipo de competencias que requieren un proceso legislativo más largo.
Por este motivo, el responsable no quiso aventurar cuántos estudiantes podrán acogerse al nuevo sistema ni cuánto tiempo tardará, y confió en que en este caso soportará el escrutinio judicial.
Cardona aseguró que el gobierno quiere expandir el acceso a la educación superior y que seguirá haciéndolo independientemente de la decisión de la Corte.
En una decisión apoyada por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, y a la que se opusieron las tres juezas progresistas, consideró que la administración de Biden no tenía competencias para cancelar parte de la deuda estudiantil. El plan concedía de forma generalizada una condonación de la deuda de 10 mil dólares que, en algunos casos, podía ascender hasta los 20 mil dólares y que iba a beneficiar a millones de personas, pero varios fiscales de estados gobernados por republicanos lo recurrieron por considerar que dañaba al erario público.
La Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinos Unidos se mostró “incrédula” de la decisión, al señalar que entre 2004 y 2016 la deuda estudiantil individual aumentó en 60% a un promedio de 15 mil 797 dólares.