Río de Janeiro.— Una nueva masacre se produjo ayer en una prisión del norte de Brasil, donde al menos 57 reclusos murieron en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan las rutas de la cocaína de esa estratégica región.

El pleito comenzó alrededor de las siete de la mañana en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, entre el Comando Vermelho y otra banda, Comando Classe A, informaron las autoridades penitenciarias del estado de Pará.

“Líderes del [Comando Classe A] prendieron fuego a una celda de uno de los pabellones de la prisión, donde estaban los miembros del [Comando Vermelho]”, indicaron las autoridades en un comunicado.

El incendio se propagó rápidamente y los presos se resguardaron en viejos contenedores que habían sido adaptados para la cárcel mientras se construye otra instalación, dijo Jarbas Vasconcelos, jefe estatal de prisiones, en conferencia de prensa. Durante horas la policía no pudo ingresar debido al fuego.

Dos trabajadores de la penitenciaría fueron tomados como rehenes, pero a la larga se les liberó.

“Fue un ataque específico. La meta era demostrar que era un ajuste de cuentas entre las dos bandas, no una protesta ni rebelión contra el sistema penal”, refirió Vasconcelos.

Las autoridades no encontraron armas de fuego tras el motín, sólo puñales hechos a mano.

Cuarenta y seis reos serán transferidos a otras cárceles, de los cuales 10 irán a instalaciones federales más estrictas, indicaron autoridades penitenciarias. En campaña, el presidente Jair Bolsonaro prometió frenar la violencia generalizada en Brasil, incluyendo en las prisiones del país que suelen estar hacinadas.

The Associated Press obtuvo un informe de este mes del Consejo Nacional de Justicia presentado por un juez local a cargo del penal, en el cual se afirma que en la prisión había 343 detenidos, cuando su capacidad máxima es de 163. Vasconcelos indicó que la situación no cumplía con los requisitos oficiales para considerarla hacinada.

“No es una unidad que tenga hacinamiento carcelario; consideramos que hay hacinamiento cuando supera 210%”, aclaró durante la conferencia de prensa. El juez que presentó el informe describió que el estado general de la prisión de la ciudad de Altamira es “terrible”.

La de ayer se convirtió en la mayor masacre en presidios brasileños en lo que va de 2019: a fines de mayo, 55 presos perdieron la vida en ajustes de cuentas durante dos días de enfrentamientos en cárceles del estado de Amazonas, vecino de Pará.

Brasil, con 727 mil detenidos, tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, aunque apenas cuenta con 368 mil plazas en sus prisiones.

Una ola de motines en estados del norte y del noroeste, con más de 120 asesinados, muchos de ellos en condiciones atroces, sacudió este país de 210 millones de habitantes a inicios de 2017, atribuidos a rivalidades entre bandas por el control de las rutas del tráfico de cocaína. Autoridades y expertos atribuyen esas masacres a la lucha por el control de las rutas de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia.

Autoridades estatales de Pará pasaron la tarde en Altamira, elaborando un plan de seguridad para evitar posibles represalias. En las próximas semanas se enviará a fuerzas policiales del municipio cercano de Santerem reforzar la protección.

Las autoridades penales dijeron que no habían recibido ningún informe de inteligencia previo sobre un posible ataque, aunque familiares habían pedido el traslado de algunos presos.

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