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Bruselas.— La política migratoria de la administración de Andrés Manuel López Obrador supone un “retroceso” a las garantías individuales de los grupos más vulnerablas y no frena la migración, advirtió ayer la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al iniciarse el periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En la presentación oral de los mayores desafíos que enfrenta su oficina a un año de comenzar su mandato, Bachelet se dijo preocupada por las políticas implementadas en México, Estados Unidos y algunos países centroamericanos que, consideró, exponen a los migrantes a mayor riesgo de violaciones y abusos de derechos. “En particular, me alarma que los niños migrantes continúen siendo detenidos en centros tanto de Estados Unidos como de México, infringiendo en el interés superior del niño, un principio fundamental del derecho internacional”.
Las familias que dejan sus lugares de origen, insistió, lo hacen “obligadas por una profunda angustia social y económica, incluso como resultado del cambio climático, así como por la inseguridad, la corrupción y otros factores de gran alcance”. En ese sentido, dijo, “las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen y entren al destino, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son retrocesos”.
Afirmó que ni los programas dirigidos a impedir la circulación de los migrantes, ni las políticas de “cero tolerancia”, evitarán que las personas abandonen su país. En su lugar, apuntó, “presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más peligrosas, quedando más expuestas a violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos”.
Como parte de un acuerdo migratorio suscrito en un contexto de amenazas económicas por parte del presidente estadounidense Donald Trump, México asumió el papel de guardián fronterizo para frenar los flujos migratorios procedentes de Sudamérica.
En el marco de esa cooperación, Bachelet informó que “nuestras oficinas en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes.
“Hemos observado casos de separación de familias en un contexto de privación arbitraria de la libertad; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza”.
